Expertos juristas defienden que lo importante no es "quien presta un servicio", sino "cómo lo presta"

Valladolid ha acogido la presentación del libro 'Servicios públicos e ideología. El Interés general en juego', cuyos auotres han argumento lo que entienden como "riesgos" de remunicipalizar servicios.

Los "riesgos" de remunicipalizar servicios "sin causa justificada" protagonizan el libro 'Servicios públicos e ideología. El interés general en juego', que se ha presentado este lunes en Valladolid y cuyos autores, expertos del ámbito jurídico, han reclamado que los criterios que presidan la decisión entre gestión directa o concesión a empresas sean "de eficacia y eficiencia" y no "ideológicos".

 

Los responsables de la publicación --prologada por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet--, son el exministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional Francisco Caamaño, el expresidente de los tribunales Supremo y Constitucional Pascual Sala, el catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno --estos tres presentes en Valladolid-- y el catedrático de Derecho Penal Gonzalo Quintero.

 

Tras aclarar que el libro, publicado por Profit Editorial, "no considera mejor un sistema u otro de gestión", sus autores han considerado que en "cada caso" puede resultar más conveniente uno u otro en función de las circunstancias contextuales, pero sí han insistido en que la decisión se base en "criterios de buen administrador" y no en planteamientos ideológicos.

 

Asimismo, han resaltado los "beneficios" de la colaboración público-privada a la hora de prestar servicios y han subrayado que "lo importante no es quién lo presta", sino "cómo se presta".

 

En declaraciones recogidas por Europa Press, Caamaño ha negado que un modelo permita realizar políticas sociales mejor que el otro, ya que, como ha recordado, en los pliegos de contratación con empresas privadas las administraciones públicas "pueden incorporar todo tipo de cláusulas sociales".

 

El exministro socialista ha apuntado, además, que en la mayoría de casos de problemas registrados en la gestión privada de servicios públicos, las administraciones "no han cumplido con su labor de supervisión".

 

Para Caamaño, cuando un servicio prestado directamente por un Ayuntamiento se gestiona de forma adecuada y con inversiones suficientes, "no hay motivo para externalizarlo", si bien en otros casos "la cesión de la gestión permite acceder a economías de escala y contar con medios que una entidad local por si sola no podría permitirse".

 

En su opinión, el modelo de colaboración público-privada sigue vigente, ya que "las sinergias entre Administración y empresa han favorecido las grandes innovaciones tecnológicas y productivas de las últimas décadas". "Sostener que lo público es mejor que lo privado o la opción contraria es un apriorismo carente de consistencia real", ha sostenido.

 

NORMATIVA EUROPEA

 

Por su parte, Pascual Sala ha recordado las directivas europeas traspuestas en la nueva ley de servicios públicos que entrará en vigor en marzo a favor de la colaboración público-privada para lograr "mayor eficiencia y eficacia" en la prestación de servicios.

 

Asimismo, se ha referido a la medidas incluidas en la nueva norma para "fomentar la transparencia" en la contratación y situar a las administraciones como "garantes y reguladoras" de la correcta prestación de los servicios.

 

"Con la nueva normativa europea no es suficiente apelar al interés general para eliminar la concesión de un servicio público. La Administración debe razonar esta decisión y explicar por qué es mejor y más eficiente la gestión directa que la indirecta", ha remarcado.

 

En cualquier caso, ha puntualizado que "en ningún caso" se trata de "privatizar servicios", ya que "la Administración sigue siendo la titular de los mismos", por lo que ha reiterado que "desplazar la gestión" hacia el sector privado "no supone atentar contra los servicios".

 

También se ha referido a que la entidades públicas podrían hallar "dificultades presupuestarias" si tuvieran que gestionar de forma directa todos los servicios públicos, lo que acabaría provocando que "fuera el ciudadano quien sufriera las consecuencias de una prestación inadecuada".

 

El catedrático José María Gimeno ha considerado razonable que se pase de una gestión externa a otra interna "cuando no funciona bien", pero no si se trata simplemente "de criterios ideológicos", al tiempo que ha puesto en duda la legalidad de algunos de estos "rescates" de servicios, diferentes de la resoluciones de contratos por el "fracaso" o incumplimiento del contrato de gestión privada, como es el caso de las autopistas radiales de Madrid.

 

Para Gimeno, el rescate de una concesión "no puede ser considerado como una prerrogativa del contrato administrativo". Por este motivo, ante un rescate sin causa justificada, se abre la puerta a que las administraciones públicas puedan incurrir en un delito y a que los operadores privados deban ser indemnizados por daños y perjuicios, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir.

 

EL CASO DE VALLADOLID

 

Respecto al caso concreto de la vuelta a la gestión directa por parte del Ayuntamiento de Valladolid del servicio municipal del agua, han mostrado su esperanza en que la decisión se haya adoptado "tras poner en la balanza los argumentos a favor y las posibles contrapartidas", y no sólo atendiendo a una cuestión ideológica, al tiempo que han advertido que "no se trata del rescate de un servicio", puesto que el contrato con la empresa concesionaria "no se ha anulado", sino que se ha optado por no prorrogarlo una vez vencido.

 

El libro 'Servicios públicos e ideología. El interés general en juego", ofrece "claves" para entender las reglas de colaboración público-privada en el ámbito español, teniendo en cuenta la regulación y jurisprudencia europea, que conlleva "importantes consecuencias e implicaciones jurídicas".

 

La obra reflexiona sobre las formas de gestión de los servicios públicos y actividades de interés general, partiendo de la idea de que "es posible satisfacer el interés público tanto por parte de los organismos públicos como por las empresas privadas". De la misma forma, la obra "se aleja de ideas preconcebidas": "Ni la gestión conjunta con el sector privado es siempre más económica, ni todos los servicios son más eficientes y sostenibles con gestión directa", concluyen sus autores.