Estrasburgo da la razón a la vallisoletana Monserrat Laguna, golpeada por la Policía en una protesta contra el PP

Una imagen de la carga policial. TRIBUNA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por la violencia "injustificada" contra una protesta en Valladolid en 2014
 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, falla a favor de Montserrat Laguna Guzmán, una residente de Santovernia de Pisuerga (Valladolid) que fue golpeada por la Policía durante las protestas que se registraron en la capital vallisoletana, frente a un restaurante donde se concentraban altos cargos del Partido Popular, y condena a España por una violencia "injustificada".

 

Según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso Ical, los hechos se remontan al 2 de febrero de 2014 cuando Laguna Guzmán participó en una manifestación autorizada. Tras la protesta, un grupo de aproximadamente 60 personas siguieron marchando hasta pararse frente a un restaurante de la capital, donde almorzaban dirigente del PP, que habían celebrado una convención nacional. 

 

Allí había reunidos varios políticos y Laguna Guzmán desplegó una pancarta en que decía 'Parad de criminalizar las protestas sociales'. En ese momento, fue cuando la Policía trató de dispersar la protesta y empezó a golpear a la demandante con una porra.  

 

Laguna Guzmán tuvo que ser trasladada al hospital con heridas en la boca, la mano y la cabeza y dos años después, en 2016, el Instituto Legal de Medicina de Valladolid concluyó que a causa de las graves heridas estaba “permanentemente incapacitada”. 

 

A pesar de las denuncias, varios tribunales rechazaron tomar medidas contra los policías porque consideraron que “estuvieron obligados a emplear el uso de la fuerza ante una situación de violencia y desorden”. También el Tribunal Constitucional inadmitió su recurso de amparo, pero el Estrasburgo sí le ha dado la razón.  

 

El Tribunal, que depende según la jurisdicción de los Estados miembros del Consejo de Europa, pero no es un organismo que pertenezca a la Unión Europea, declara que la violencia de la policía contra la demandante “interfirieron en su derecho a manifestarse libremente de forma pacífica”.  

 

“A pesar de que la manifestación espontánea pudo causar cierta incomodidad, se produjo de forma pacífica hasta que se dispersó. De hecho, no se ha argumentado ni se ha demostrado que fuera difícil para la policía contener o redirigir a los manifestantes para controlar la situación. Tampoco se ha demostrado que la manifestación provocara un gran nivel de disrupción en el orden público”. Es más, según la sentencia, “las autoridades no han ofrecido suficientes razones relevantes que justificarán la dispersión de la manifestación”.  

 

De hecho, el auto recuerda que en 2018, otros tres manifestaron, que fueron llevados a juicio, fueron absueltos porque el juzgado consideró que las pancartas y las protestas “no hicieron daño” y “no justificaron el uso de la fuerza” por parte de la Policía. “Las autoridades públicas deben mostrar cierta grado de tolerancia hacia manifestaciones espontáneas si estas siguen siendo pacíficas”, alerta el Tribunal Europeo.  

 

Así, concluye “que el uso injustificado del uso de la fuerza hacia la demandante, que nunca fue arrestada ni imputada por ninguna acción violenta durante las protestas”, es un hecho “suficiente” para que el Tribunal decida que hubo “una injerencia desproporcionada contra sus derechos”.  

 

El Tribunal insta a España a pagar a Laguna Guzmán 248,1 euros por los costes derivados del proceso judicial. La demandante también obtuvo el fallo a su favor por parte de la Audiencia Nacional en 2019 contra el Ministerio de Interior, que tuvo que pagarle 10.000 euros por las heridas causadas por la violencia policial.  

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