En paradero desconocido el acusado de golpear al ‘ambulanciero’ que le asistió por una borrachera

TRIBUNA.

La Audiencia de Valladolid se ha visto obligada a suspender el juicio por los hechos que tuvieron lugar durante la madrugada del 9 de junio en la calle Macías Picavea.

La Audiencia de Valladolid ha suspendido el juicio previsto para este viernes contra un varón a quien no ha podido localizar para que comparezca acusado de emprenderla a golpes con un técnico de ambulancia que acudió en su rescate tras ser hallado en plena calle semiinconsciente y con una elevada intoxicación etílica.

 

El procesado, de origen tunecino, se encontraba el día de los hechos celebrando el fin de un máster que había cursado en Valladolid, sin que desde entonces haya sido posible saber si en la actualidad se encuentra o no en España, de ahí que el tribunal se haya visto obligado a suspender el juicio de este viernes, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

El incidente se produjo sobre las 04:00 horas del día 9 de junio del pasado año, cuando una ambulancia del 112 fue movilizada a la calle Macías Picavea de la capital tras ser alertada de la presencia de un varón caído en plena vía.

Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos del 112 procedieron a introducir al acusado en el vehículo sanitario para trasladarle hasta un centro médico, si bien durante el trayecto comenzó a escupir al técnico de ambulancia y a lanzarle patadas y puñetazos que le alcanzaron en la boca.

 

A consecuencia de ello, el sanitario sufrió una contusión facial y la pérdida de tres incisivos y un canino, así como policontusiones. El afectado precisó de tratamiento restaurador odontológico quirúrgico por importe de 775 euros.

 

En su calificación provisional, la acusación pública pide para el acusado una condena de dos años de cárcel por delito de lesiones, en el que aplica la atenuante de embriaguez, tras dar por probado que presentaba una intoxicación etílica elevada que pudo menoscabar sus facultades cognitivas y volitivas.

 

En caso de condena, el procesado habrá de pagar una indemnización a la víctima con un total de 3.500 euros por las lesiones y con otros 3.000 por las secuelas sufridas.