El sueldo de los funcionarios subirá un 1,5% cada año hasta 2020 y hasta un 7% si mejora el PIB

Cristóbal Montoro en la sesión de control al Gobierno en el Senado

Hacienda logra que los sindicatos firmen una subida aproximada del 7%, con una fórmula mixta de un fijo del 1,5% anual más un variable en función de la marcha del PIB. Los trabajadores públicos han perdido un 14% de poder adquisitivo desde 2010.

Gobierno y sindicatos han llegado a una acuerdo para pactar la subida salarial de los empleados públicos, una medida que afecta a los empleados de la administración central, pero que tendrá su reflejo en el resto de trabajadores del sector público. De hecho, una vez el ministro Montoro abra la mano para incrementar los sueldos de los funcionarios estatales es probable que comunidades, ayuntamientos y diputaciones hagan lo propio.

 

El acuerdo se basa en la última oferta del Ministerio de Hacienda. Esta consiste en una subida fija del 1,5% anual a partir de 2018 y otra parte variable en función de la evolución del PIB, que se pronostica favorable. El ministro Montoro se sale así con la suya porque esta fórmula de fijo+variable era su principal propuesta para la revisión de sueldos públicos. Según las cuentas de los sindicatos, eso suma un incremento del 7% hasta 2020, y se queda lejos de la pérdida de poder adquisitivo que arrastran los empleados públicos desde que en 2010 el Gobierno les bajó un 5% los sueldos y que se consolidó con la congelación salarial hasta este año. La pérdida de poder adquisitivo desde 2009 hasta 2017 supera ya el 14%.

 

Además, los sindicatos pedían regresar a la jornada de 35 horas en aquellas comunidades que incrementaron la jornada a las 37,5 horas semanales durante la crisis. Los sindicatos defienden que Hacienda permita, al menos, restablecerla a aquellas administraciones que así lo decidan. Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Madrid han tratado de reducir la jornada laboral y se han topado con los recursos del Ejecutivo central oponiéndose. La secretaria de Estado de Función Pública cifra el coste de esta medida en unos 1.200 millones.

 

El acuerdo llega a tiempo para la tramitación de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno prevé aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 el próximo viernes día 22 en consejo de ministros para que entren en el Congreso antes del día 30 de septiembre y puedan seguir su tramitación para aprobarse y entrar en vigor el día 1 de enero de 2018.

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