El secretario del Ayuntamiento de Valladolid elabora un informe que 'libra' al Pleno de la novación del crédito de la SVAV

El informe, encargado desde Alcaldía, señala que el contrato solo comprometía a la Sociedad y no trasladaba la obligación a las entidades que la forman.

Un informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de Valladolid concluye que el Pleno del Ayuntamiento no era “ni órgano competente ni Administración que deba aprobar la novación” modificativa del contrato de línea de crédito de 404 millones de euros que suscribió la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en el año 2011 y, por tanto, “no existió irregularidad” que deba subsanarse.

 

El secretario general municipal señala en su escrito que el contrato de novación es un documento privado de carácter mercantil, de ampliación o prórroga de un crédito, que compromete a la Sociedad, pero no traslada el compromiso a las entidades públicas que la forman.

 

De hecho, detalla, no existe ninguna cláusula que las convierta en avaladoras y sí, en cambio, una, la Octava, último párrafo IV, que dice que “la firma no supone una ratificación de las Cartas de Compromiso otorgadas por los accionistas”.

 

A este respecto el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha manifestado que “esta cláusula en concreto fue exigida desde el Ayuntamiento de Valladolid, puesto que no estábamos dispuestos a suscribir ningún documento que pudiera poner en duda la ratificación de la Carta de Conformidad, que ya estábamos cuestionando, que posteriormente anulamos y que además ha dado origen a un procedimiento penal”.

 

La operación fue aprobada por la Sociedad, que es quien responde del crédito otorgado, y no por los socios, ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Castilla y León, ni el Consejo de Ministros, ni los consejos de Gobierno de Renfe y Adif las sometieron a sus órganos de gobierno, al contrario de lo que ocurría con las Cartas de Conformidad que convirtieron a los socios en avalistas y comprometieron, por tanto, sus finanzas, afirma PuenteEl Ayuntamiento hizo lo mismo que hicieron el resto de los socios, firmamos en calidad de consejeros la novación del préstamo, pero no la sometimos a la firma de los órganos de gobierno”.

 

Así pues, señala el secretario, “el contrato de novación firmado el 4 de abril de 2016 nada tuvo que ver con las Cartas de Conformidad” y ahonda en que entre las atribuciones del Ayuntamiento no se encuentra ninguna por la que resulte órgano competente para aprobar esa operación, que ni tan siquiera es competencia municipal. “Si traíamos la novación al Pleno lo que estábamos diciendo es que de alguna manera el Ayuntamiento era responsable, pero ese préstamo solo vinculaba a la sociedad”.

 

Cabe recordar que el Grupo Municipal Popular utilizó una supuesta sugerencia realizada por el interventor al alcalde para que llevase a Pleno la novación, para afirmar que debía acompañar al banquillo a Javier León de la Riva, procesado y acusado por la firma de las ‘comfort letter’ que comprometían el patrimonio municipal en más de 100 millones de euros y que será juzgado por ello el 25 de abril del presente año.

 

A raíz de esas declaraciones del portavoz de los populares, el alcalde solicitó al secretario general del Ayuntamiento, sobre el que recae la competencia de fijar los asuntos que deben o no ir a Pleno, que elaborase un informe en el que aclarase si existía o no esa obligación. Añade además que “el secretario no sólo dijo que no era obligatorio llevar a Pleno la novación del préstamo sino que también que no era conveniente

 

El resultado es esclarecedor y pone en evidencia, señala Puente, “la frivolidad con la que un grupo político contra las cuerdas por la comisión de supuestas ilegalidades intenta extender la duda sobre la adecuación a la legalidad de las decisiones adoptadas por el actual equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza”.

 

Es precisamente el Partido Popular, añade el alcalde, el que afronta este año “varios juicios penales en los que el ex alcalde, tres ex concejales, los dos últimos de Urbanismo y el de Hacienda (que tuvo que dimitir en este mismo mandato), se sentarán en el banquillo de los acusaos, junto al que fuera jefe de Mantenimiento durante catorce años bajo gobiernos de los Populares, entre otros”.

 

Finaliza aclarando que “es a ellos y no a otros a quienes les corresponde dar cuenta ante la ciudadanía, cosa que aún no han hecho, y ante los Tribunales, cosa que harán a lo largo de este año, de los desmanes que cometieron durante su etapa de gobierno”.

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