El PSOE pedirá en pleno que se traslade a Valladolid la iniciativa andaluza sobre desahucios

El PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid llevará al pleno correspondiente al mes de mayo cuatro mociones con sendas propuestas sobre vivienda, educación y servicios sociales, además de la que dedica a cada barrio en cada sesión plenaria, y que en su séptima  edición se detendrá en los barrios Huerta del Rey y Villa de Prado.

Entre las propuestas destaca una nueva iniciativa para atajar el problema de los desahucios, en este caso proponiendo que se inste a la Junta de Castilla y León a trasladar a esta Comunidad Autónoma las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía.

 

La moción explica el contenido de la Disposición Adicional Segunda del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril aprobado por la administración andaluza, y plantea reclamar a la de Castilla y León la aprobación de uno similar “por el que se declare de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria”.

 

Lo que supone esta medida es la posibilidad de expropiar forzosamente el uso de la vivienda objeto de desahucio por ejecución hipotecaria, por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente.

 

A su vez, la norma regula cuáles son las circunstancias de emergencia social, definiendo qué requisitos han de cumplir los beneficiarios de la expropiación. En resumidas cuentas: que la vivienda sea el domicilio habitual, tener la condición inicial de propietario y deudor hipotecario, que el lanzamiento genere situaciones de emergencia y exclusión social y tener unas determinadas circunstancias económicas (importante menoscabo de las condiciones económicas e ingresos que no superen tres veces el IPREM).

 

Con respecto a la educación, el Grupo Municipal Socialista propondrá, en otra moción, que el pleno inste al Gobierno de España a la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), así como la apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades de la educación en que esté presente la comunidad educativa, el Consejo Escolar del Estado, los Consejos Escolares Autonómicos, expertos educativos, las Comisiones de Educación en el Congreso y en el Senado, los Parlamentos Autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial de Educación.

 

Pero además, el PSOE pedirá la retirada de los conciertos educativos a los centros que segreguen alumnos por sexos y la supresión de la Zona Única de Escolarización en Valladolid, por las consecuencias que entiende tiene en la generación de desigualdades entre alumnado y centros.

 

Por último, se presenta una tercera moción en la que el Grupo Socialista pide que el Ayuntamiento lidere la defensa de los servicios sociales municipales, en respuesta a la reforma de la Ley de Bases que “pone en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años”.

 

Así, el PSOE afirma que la reforma planteada por el Gobierno “supone un cambio profundo en la organización del Sistema Público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios”.

 

De esta forma, en su parte dispositiva, la moción reclama que se reafirme la autonomía municipal entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad, y se insta al Ayuntamiento a que defienda y potencie la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria, “que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan, así como la eficiencia de su trabajo y la capacidad de generar empleo”, pidiendo la retirada por parte del Gobierno del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.

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