El PP de Valladolid reivindica las políticas sociales de la Junta y asegura que son un "estandarte"

Los parlamentarios del Partido Popular por la provincia de Valladolid han reivindicado este viernes las políticas sociales aplicadas por la Junta de Castilla y León y han asegurado al respecto que son "un estandarte" para añadir que los servicios sociales "se seguirán escribiendo con mayúsculas" en la Comunidad Autónoma.

 

Así lo ha asegurado la procuradora Noemí Rojo que ha analizado junto al parlamentario Pablo Trillo el Acuerdo Marco 2020-2023 en materia de servicios sociales suscrito el pasado 5 de diciembre para cofinanciar los servicios sociales en los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León y en las nueve diputaciones provinciales.

 

Tras aseverar que el acuerdo marco "blinda" los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, protege la calidad de vida de todas las personas y garantiza el empleo de las personas que trabajan en este ámbito, Rojo ha recordado que el citado acuerdo está cifrado en 448 millones de euros de los que 82 millones irán destinados a la Diputación de Valladolid y a los ayuntamientos de la capital, de Laguna de Duero y de Medina del Campo.

 

El objetivo, ha recordado también, es mantener la red coordinada de servicios sociales, potenciar las actuaciones y dar estabilidad a los profesionales de los equipos de acción social. Rojo ha hecho especial hincapié en los 42 millones de euros destinados al programa de ayuda a domicilio en Valladolid para facilitar el desarrollo y el mantenimiento de la autonomía de las personas que lo necesitan y prevenir su deterioro tanto individual como social facilitando la permanencia en su entorno.

 

También ha repasado el programa de teleasistencia, con 700.000 euros, y los 11,7 millones destinados al "tercer gran eje" del acuerdo marco, en referencia a la protección a la familia a partir de ayudas de emergencia social y del Programa Crecemos.

 

La procuradora ha recordado asimismo que para su vigencia inmediata el acuerdo tendrá que ser ratificado por las 24 entidades locales a las que compete y ha significado dos novedades, los cuatro años de vigencia para dar una mayor estabilidad a los programas y un nuevo calendario de pagos que se dividirá en cuatro secciones. En concreto, el primero se hará efectivo en febrero, el segundo en mayo, el tercero en julio y el último en septiembre.