El PP considera que Puente ha demostrado una "total animadversión" a De la Riva porque podría haberse "retirado como testigo"
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El PP considera que Puente ha demostrado una "total animadversión" a De la Riva porque podría haberse "retirado como testigo"

Antonio Martínez Bermejo ha deseado "máxima suerte" tanto al exalcalde de su partido como a los otros dos exconcejales 'populares' que serán juzgados a partir de este martes, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Martínez Bermejo, ha considerado que el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha demostrado "total animadversión" hacia su predecesor en el cargo, Francisco Javier León de la Riva, pues entiende que podría haberse "retirado como testigo" del juicio que comienza este martes contra el exprimer edil por la firma de las cartas de conformidad para el préstamo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

 

El edil del PP ha deseado "máxima suerte" tanto al exalcalde de su partido como a los otros dos exconcejales 'populares' que serán juzgados a partir de este martes, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez. "Ojalá la justicia sea propicia a sus planteamientos", ha recalcado Martínez Bermejo, que ha incidido en el respeto al dictamen de los jueces.

 

El edil vallisoletano ha interpretado que Puente ha "demostrado su total animadversión al alcalde anterior", porque considera que ha ido "hasta el extremo" y no se ha "retirado como testigo", algo que asegura que el regidor advirtió "incluso a título personal", dado que las comfort letter no han supuesto "perjuicio alguno" a las arcas municipales.

 

De hecho, ha recalcado que a partir de este martes se juzgará a tres personas por un "hipotético perjuicio que no se ha producido", pero el alcalde, con su "obstinación recurrente" podrá "disfrutar" del juicio desde su condición de testigo y "reafirmarse en sus planteamientos".

 

En todo caso, Martínez Bermejo ha reiterado el respeto a la justicia y ha reflexionado que es "un triunfo de la democracia" que "terceros especialistas" juzguen las controversias que se produzcan en la gestión pública.

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