El PP asegura que el Campus de la Justicia en El Salvador le costará 20 millones a los vallisoletanos

Colegio El Salvador de Valladolid, en la plaza de San Pablo. A. MINGUEZA

Según los populares, el preacuerdo alcanzado por el alcalde de Valladolid con los propietarios del colegio se refiere a la permuta de unos terrenos que están pendientes de un recurso contencioso para su devolución a la Junta de Castilla y León.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid asegura que el posible preacuerdo alcanzado entre el alcalde, Óscar Puente, y los propietarios del Colegio El Salvador para implantar parte del Campus de la Justicia en la plaza San Pablo le va a costar 20 millones de euros a los vallisoletanos. Por lo visto, esos terrenos en la zona del Zambrana que el ayuntamiento estuvo obligado a expropiar por mandato judicial, están pendientes de un proceso contencioso en el que se le reclama a la Junta de Castilla y León que se quede con los terrenos y reintegre esos 20 millones de euros a las arcas municipales.

 

Según el PP, el comunicado sostiene que ya hay una importante diferencia entre el proyecto del Ministerio de Justicia y el cambio que pretende lo que denominan el 'tripartito municipal'. Mientras el acuerdo inicial en la parcela de Girón no le costaría ni un euro a mayores a los vecinos de Valladolid, la propuesta de Puente y el teniente de alcalde, Manuel Saravia, ya le costaría 20 millones a mayores que salen de los bolsillos de los vallisoletanos.

 

Además, continúa el comunicado, “falta el acuerdo con el SACyL y la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del aparcamiento del antiguo hospital Río Hortega, y que han manifestado que lo necesita para atender las necesidades sanitarias de la zona”. Sin ese otro acuerdo el proyecto del Campus de la Justicia es inviable en la plaza San Pablo por considerarse insuficiente la superficie del Colegio El Salvador, insiste el PP de Valladolid.

 

El grupo municipal Popular recuerda que apoyaría la implantación del Campus en la Plaza San Pablo siempre y cuando no le cueste ni un euro más a los vallisoletanos, el proyecto no se retrase excesivamente y el Ministerio de Justicia no lo abandone por las dificultades del cambio. “Si no es así, preferimos el proyecto actual que el equipo de gobierno municipal no quiere empujar y sacar adelante aun a riesgo de que se pierda definitivamente”.

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