El juzgado ratifica las restricciones de la Junta sobre el municipio de Valladolid y rechaza el recurso del Ayuntamiento

Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea

Estas entraran en vigor este mismo jueves y tendrán duración en el plazo de siete días que la Comunidad Autónoma aprobó el pasado 1 de septiembre.

 

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid ha ratificado las medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19, a solicitud de la Junta de Castilla y León, tanto en la literalidad de las mismas, como en el plazo de siete días que la Comunidad Autónoma aprobó el pasado 1 de septiembre.

 

El auto judicial conocido esta tarde concluye que, según los datos expuestos por la Administración autonómica, el riesgo de difusión de la enfermedad es especialmente alto entre la población del municipio de Valladolid, con evidentes indicios racionales de transmisión comunitaria, y que debido a la dinámica de la enfermedad, se considera altamente improbable el control de la situación con la sola aplicación de las medidas generales contempladas en el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, informa la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.

 

Entre la argumentación aportada por la magistrada para ratificar la decisión de la Junta, está la consideración de estas medidas como urgentes y necesarias para la protección de la Salud Pública y que se trata de medidas proporcionales a los fines pretendidos, atendiendo a la finalidad última de proteger el derecho a la vida e integridad física de los ciudadanos.

 

Las actuaciones previstas por la Junta de Castilla y León entrarán en vigor a partir de las 00.00 horas del día 3 de septiembre por un plazo de siete días.

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid presentará un recurso para solicitar la suspensión "cautelarísima" de estas medidas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En redes sociales, Óscar Puente ha respondido: "Este es un procedimiento distinto al iniciado por el ayuntamiento. Este es el de ratificación. La impugnación de la orden ha recaído en la Sala de lo Contencioso que aún debe pronunciarse sobre la solicitud de suspensión".

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