El juzgado busca responsables en el caso de los todoterreno 'chollo' de la Junta de Castilla y León
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El juzgado busca responsables en el caso de los todoterreno 'chollo' de la Junta de Castilla y León

El consejero, Juan Carlos Suárez Quiñones, con los vehículos del área de Fomento.

La Junta vendió por lotes, cuando debió subastarlos, más de 300 vehículos a precios muy por debajo de su cotización de segunda mano. Un centenar de ellos debió ser desguazado, pero siguen circulando.

La Fiscalía está investigando ya si el 'chollo' de los todoterreno de la Junta de Castilla y León es también un delito. El caso, la venta a particulares de vehículos retirados del servicio por cantidades lejos de su precio de mercado, le podría haber costado a las arcas regionales cerca de tres millones de euros que es la diferencia entre lo que se tenía que haber logrado por su venta en condiciones normales y lo que se ingresó al enajenarlos por lotes casi a precio de desgüace.

 

El asunto afecta a la renovación de la flota de la consejería de Fomento y Medio Ambiente. Entre los años 2018 y 2019 esta consejería se deshizo de vehículos todoterreno que tenían ya años y kilómetros a sus espaldas para sustituirlos por nuevos modelos. En general, se retiraron modelos Land Rover Defender, además de algunos Nissan, y se sustituyeron por unidades de Suzuki Jimny.

 

Sin embargo, a la hora de retirarlos no se procedió a subastarlos, sino que se vendieron por lotes desde cada una de las delegaciones territoriales. Una de las pautas de la investigación es saber si la división en lotes se hizo para evitar que su valor superase los 30.000 euros en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública. Cada delegación habría vendido o enajenado sus vehículos por venta directa en desguaces con baja temporal no definitiva. El asunto afectaría a un total de 313 vehículos todo terreno forestales.

 

A la hora de venderlos, se lograron cantidades muy inferiores a lo que marca el mercado por su venta. Así, los Land Rover Defender son modelos bastantes cotizados de segunda mano, pero se habrían vendido por entre 600 y 800 euros, cuando en el mercado de segunda mano tienen un valor de aproximadamente 9.000 euros. El perjuidio económico a la Junta por la venta de estos coches sería de casi tres millones de euros.

 

Además, y según ha comprobado la Guardia Civil, parte de esos vehículos tenían que haber sido retirados de la circulación, pero fueron vendidos y siguen circulando ya que se vendieron dados de baja temporal en Tráfico. Otros coches han sido transmitidos a empresas y otros continúan bajo titularidad de la Junta de Castilla y León. De los 103 destinados en principio a destrucción directa, han sido detectados circulando de nuevo. Otros 63 coches han sido transmitidos a empresas y 147 continúan bajo titularidad de la Junta de Castilla y León.