El impuesto de Actos Jurídicos Documentados y la decisión del Tribunal Supremo

Sergio Castro analiza el asunto que mantiene en vilo a toda España.

Huelga decir, la importancia del asunto sobre quien tendrá que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que va acorde con el revuelo suscitado en los medios de comunicación. La cuestión no es baladí, encuadrados en los gastos de formalización de hipoteca, es la partida más elevada cuando contratamos una hipoteca.

 

Según establece la Ley que regula este impuesto, el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, establece en su artículo 29 sin lugar a dudas que el sujeto pasivo del impuesto, es el adquirente del bien o derecho, es decir, el prestatario: el cliente que pide la hipoteca, y no el banco. Es importante destacar, que es un impuesto cedido a las CCAA, y su recaudación va a parar a las arcas regionales, y no al Estado, por lo que cada Comunidad tiene su propio tipo impositivo que va desde el 0,5% al 1,5%.

 

La cuestión, que en un principio no fue controvertida, dada la claridad de la Ley al respecto. Comenzó a ponerse en duda, dada la imposición por parte de los bancos, de todo tipo de cláusulas abusivas en sus préstamos hipotecarios: cláusulas suelo, comisión de apertura, gastos de formalización, intereses de demora, reclamación de posiciones deudoras, vencimiento anticipado, etc., que en pocos o en ningún caso han sido negociadas individualmente entre el banco y el cliente, sino que por el contrario fueron impuestas por el banco.

 

Una vez generada la controversia sobre quien debía correr con los gastos de formalización de las hipotecas, y en concreto, sobre el impuesto, las distintas Audiencias Provinciales -en este caso, el Tribunal provincial de apelación civil-, empezaron a pronunciarse de diferente forma, muchas veces contradictorias. Así las cosas, si reclamabas en Pontevedra, Palencia o Vizcaya, te devolvían el importe del impuesto, y si lo hacías en Valladolid, La Coruña o Jaén, no te lo devolvían.

 

Es en estos supuestos, de diferentes criterios jurisprudenciales de las Audiencias Provinciales, cuando tiene que intervenir el Tribunal Supremo, que es el órgano más alto de la Justicia en España, para unificar la jurisprudencia en un solo sentido, dotando al ordenamiento jurídico de unidad de interpretación en los mismos supuestos y proporcionando seguridad jurídica al sistema. Es decir, unificar las reglas del juego, sin diferencias de una provincia a otra.

 

Todos conocemos la pésima gestión de este asunto, por quien más tiene que velar por cumplir las normas y dar credibilidad al sistema, al margen de la decisión tomada, por la que el consumidor deberá pagar el impuesto, que pese a no compartir, no comentaré por el respeto que aun todavía profeso a ese Alto Tribunal.

 

Pero lo peor de todo, a mi entender, no es la ridícula y pública contradicción entre las diferentes Salas y Secciones del Tribunal Supremo, quizá la más esperpéntica desde su creación en 1812 por las Cortes de Cádiz, sino el desprecio del actual gobierno hacia la decisión judicial de las más Alta institución de Justicia, a la que ha desautorizado por completo, anunciando a los cuatro vientos una vez publicada la Sentencia, que modificará la Ley para que sean los bancos quienes tengan que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Si su intención era la de invertir el sujeto pasivo del impuesto, ¿por qué esperar a la decisión del Tribunal Supremo?

 

De cómo se han hecho las cosas por las partes implicadas, se podría entender, que una pésima gestión del asunto por parte del Tribunal Supremo ha dado lugar a que se dude de su estricta independencia, lo que me niego a creer en mi fuero interno (pobre idealista).  Y por su parte, de la actuación del gobierno se deduce, que si no te gusta una decisión judicial y tienes capacidad para ello, te la puedes saltar, y pasar de Montesquieu y la división de poderes.

 

En fin, que todos salimos perdiendo. Pierde la Justicia.

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