El ICAVA imparte un curso específico ante el incremento de los delitos de odio en Valladolid

El Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) formará hoy a sus letrados en materia de delitos de odio a través de un curso que promueve el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL) en los nueve colegios castellanos y leoneses.

 

Según el informe del Ministerio del Interior sobre 'La evolución de los delitos de odio en España', los casos han aumentado un 10% en los últimos cinco años en la Comunidad, que se sitúa como la décima con mayor incidencia del país.

 

A pesar de que en Valladolid en 2015 solamente se registraron tres casos, esta cifra se triplica en los años posteriores. Así, en 2016 fueron diez los delitos de odio en la provincia, diez en 2017 y ocho en 2018.

 

Desde que el Ministerio del Interior comenzase a publicar sus informes se han registrado 53 casos en Valladolid, de los cuales los más numerosos han sido por racismo o xenofobia (16), por orientación sexual o identidad de género (16), por ideología (7) y aquellos dirigidos a personas con discapacidad o diversidad funcional (7).

 

El perfil de la víctima lo forman personas del sexo masculino (más del 56%) y de nacionalidad española (83%).

 

Estos datos han provocado que la Comisión de Igual del CRACYL ponga en marcha esta iniciativa, pionera en la Comunidad, para que los letrados reciban formación específica y gratuita en un tipo de delito que en España se ha incrementado en un 36% desde 2013.

 

El incremento de las denuncias por delitos de odio en Castilla y León entre 2013--fecha de la publicación del primer informe específico sobre el tema por parte del Ministerio de Interior--y 2018 es de un 10%, de 52 a 57 registros en las comisarías.

 

SUBIDA ENTRE 2016 Y 2017

 

Especialmente la subida se notó de 2016 a 2017, cuando se pasó de 49 denuncias a 62, el dato más alto de los registrados hasta la fecha.

 

Mientras que en España la tasa por cada 100.000 habitantes es de 3,4, la Comunidad se sitúa un punto por debajo, con un 2,4. Las provincias que reúnen el mayor número de incidencias son Burgos y Ávila, donde la tasa asciende a 5,9 y 4,4, respectivamente.

 

Según la legislación penal española, los delitos de odio se entienden como los que se cometen por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza, o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia--miedo a los pobres--y por discapacidad.

 

Desde 2018, el Ministerio incluyó en sus estadísticas la categoría de discriminación por razón de enfermedad y discriminación generacional, que incluye principalmente la gerontofobia.

 

"Uno de los cimientos de los derechos humanos es el respeto a la igualdad de todas las personas, y desde la abogacía debemos luchar por que se cumpla", advierte la abogada vallisoletana y presidenta de la Comisión de Igualdad de Castilla y León, María Purificación Palmero, quien puntualiza que la cifra real de víctimas es mucho mayor, ya que este tipo de delito "no se suele denunciar".

 

El encargado de impartir el curso en el ICAVA será el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Burgos, Santiago Mena Cerdá, que desde 2015 ejerce a su vez como fiscal delegado provincial de Burgos en la especialidad de 'Igualdad, contra la discriminación y delitos de odio'.

 

Los temas que abordará a lo largo de la tarde serán las pautas y criterios para interpretar los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal, el agravante por motivo discriminatorio que recoge el artículo 22.4ª del Código Penal, los delitos de odio en el deporte y las acciones de la abogacía contra la intolerancia y la discriminación.

 

"Es importante que los abogados conozcan los cambios normativos en esta materia, pues son un pilar básico de nuestra sociedad para contribuir a la erradicación de las conductas delictivas generadas por odio, que atentan a lo más esencial de las personas, que es su dignidad, al tiempo que ponen en peligro el sistema de valores de nuestra sociedad", manifiesta el fiscal Santiago Mena Cerdá.