El ICAVA acuerda estudiar la apertura de expediente al abogado acusado de estafar 700.000 euros a un anciano desvalido

ICAVA

La Comisión de Deontología de la organización colegial vallisoletana ha resuelto abrir de oficio un periodo de información previa al objeto de conocer las circunstancias del caso.

El Colegio de Abogados de Valladolid ha acordado abrir de oficio periodo de información con el fin de estudiar la posible apertura de un expediente disciplinario al letrado A.S.V.Q, acusado junto a su hijo, de un delito continuado de estafa por importe de 700.000 euros presuntamente cometido entre 2003 y 2008 a un anciano, casi ciego y privado de sus facultades mentales, mediante distintas operaciones de refinanciación de la deuda de éste, a través de la firma de hasta 18 hipotecas cambiarias, que les convirtieron en sus principales acreedores.

 

A raíz de las informaciones aparecidas en prensa relativas a este caso pendiente de juicio en la Audiencia de Valladolid, la Comisión de Deontología de la organización colegial vallisoletana ha resuelto abrir de oficio un periodo de información previa al objeto de conocer las circunstancias del caso, según informaron a Europa Press fuentes del ICAVA.

 

Una vez recabada la información se decidirá si se le incoa o no expediente disciplinario, que quedaría en suspenso a la espera del resultado del procedimiento penal y que, en el supuesto de concluir el juicio en sentencia condenatoria, podría traducirse en una sanción y posiblemente en su expulsión del Colegio de Abogados de Valladolid.

 

Fiscalía de Valladolid solicita penas de ocho y seis años y medio de cárcel, respectivamente, para el letrado A.S.V.Q. y su hijo A.V.G, si bien la acusación particular eleva su petición de condena hasta los 17 años por delitos de estafa continuada, falsificación en documento público y privado y delito contable.

 

Los acusadores sostienen que A.S.V.Q. viene actuando desde hace años frente a terceros a través de las sociedades instrumentales Inversiones Multiformes S.L. y Gestores de Hipotecas Cambiarias S.L, por medio de las cuales contacta con personas con deudas de considerable cuantía y negocia con ellas su refinanciación, convirtiéndose de este modo en acreedor de las mismas ayudado, "con pleno conocimiento del modo de actuar", de su hijo.

 

Se da la circunstancia, además, de que no consta actividad reglada de las empresas citadas ni regularidad en sus declaraciones fiscales. Figuran como administradores de las mismas personas "interpuestas" sin capacidad alguna de decisión, ya que padre e hijo son quienes toman la totalidad de las decisiones relativas a la actividad de esas sociedades.

 

En el presente caso, la supuesta víctima de los acusados es J.L.G.B, ya septuagenario cuando se iniciaron los hechos y con un importante patrimonio inmobiliario -era dueño al 50 por ciento del edificio situado en el número 21 de la calle Gamazo, gestor de otro 33% del mismo como tutor de una de sus hijas y propietario a su vez de otro piso en el Paseo de Zorrilla-, si bien padecía una enfermedad que le había dejado casi ciego y con el paso del tiempo perdió igualmente las facultades mentales, hasta el punto de ser incapacitado por orden judicial en 2010.

 

El contacto de éste con sus supuestos estafadores se produjo a raíz de que el anciano avalara a un amigo en un crédito de 35.000 euros para la compra de un coche que resultó impagado por el segundo, de forma que el banco acabó ejecutando a ambos.

 

Fue a partir de ahí cuando A.S.V.Q. y su hijo, al corriente de subastas y ejecuciones, conocieron el problema del anciano y de su amigo y aprovecharon esta situación para, siempre según los acusadores, engañar al septuagenario haciéndole creer que le iban a resolver el contratiempo dándole un préstamo, cuando lo que hicieron realmente fue subrogarse en la posición del banco para seguir ejecutando al engañado y obligarle a renovar una tras otra más hipotecas cambiarias, y así hasta un total de 18, muy a corto plazo y con un TAE medio del 75%.

 

Las operaciones fueron suscritas a través de las empresas instrumentales de los dos acusados y sobre el inmueble de la calle Gamazo 21, de forma que las sociedades figuran como principales acreedoras de la víctima por importe global de 700.000 euros, entre las hipotecas, intereses y costas.

 

No es la primera vez que A.S.V.Q. tiene problemas con la Justicia. De hecho, en 2011 fue inhabilitado por la Audiencia de Valladolid para un periodo de dos años y medio para el ejercicio de la abogacía por un delito de deslealtad profesional cometido entre los años 2002 y 2004 por el asesoramiento prestado a un cliente, propietario de una agencia de transportes, que requirió sus servicios para saber cómo convertir en líquido el patrimonio inmobiliario del que disponía para hacer frente a determinadas deudas.

 

La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana fue, sin embargo, revocada en 2012 por el Tribunal Supremo, que estimó así el recurso de casación del condenado contra el referido fallo que le impuso además una multa de 5.760 euros por deslealtad profesional pero que le absolvió del delito continuado de estafa que también le imputaba el Ministerio Fiscal y por el que le pedía cinco años de cárcel.