El Gobierno aprueba la creación del Juzgado Mercantil 2 de Valladolid como refuerzo frente a la Covid
Cyl dots mini

El Gobierno aprueba la creación del Juzgado Mercantil 2 de Valladolid como refuerzo frente a la Covid

También se ha dado el visto bueno a una plaza de magistrado civil en la Audiencia vallisoletana

El Gobierno dio luz verde hoy a la propuesta del Ministerio de Justicia para la creación del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Burgos; el de lo Social 4 de León; y el de lo Mercantil 2 de Valladolid, así como una plaza de magistrado correspondiente al orden civil en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de la capital vallisoletana, como refuerzo frente a la situación generada por la COVID-19.

 

El Consejo de Ministros acordó la creación de 33 nuevas unidades judiciales (30 nuevos juzgados y de tres plazas de magistrado en órganos colegiados) en España para contribuir a agilizar y acelerar la reactivación de la actividad judicial ordinaria alterada por la pandemia de COVID-19.

 

Según informó Justicia, con la medida aprobada por el Consejo de Ministros el departamento que dirige Juan Carlos Campo cumple con lo recogido en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de Medidas Procesales, Concursales, Organizativas y Tecnológicas, que preveía la creación de 100 unidades en tres años, un tercio de ellas antes de finalizar 2020.

 

En concreto, las nuevas unidades comprenden 30 nuevos juzgados y tres plazas de magistrado. De las plazas, una es en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; otra, en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz (con sede en Algeciras); y una tercera, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid.

 

Justicia explicó que “la creación de estas unidades se ha hecho atendiendo a las órdenes jurisdiccionales que más se puedan ver afectadas por la pandemia”. Por ello, de los 30 nuevos juzgados, 15 irán destinados a lo social y 13 a lo mercantil; un nuevo juzgado de primera instancia se implantará en Burgos; y otro, en Toledo, que sumará, además, labores de instrucción.

 

Se prevé que para el próximo 1 de enero la mitad de estas unidades esté en funcionamiento, lo que contribuirá a adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis provocada por la Covid-19. También ayudará a mejorar la optimización de los recursos disponibles.