El exalcalde de Íscar, Alejandro García Sanz, será juzgado por prevaricación

De la causa, también contra el arquitecto municipal y el exedil de Urbanismo, queda fuera definitivamente el constructor.

La Audiencia de Valladolid ha acordado que el juicio por el denominado Centro Multiusos de Íscar se celebre finalmente por presunto delito de prevaricación contra el exalcalde, Alejandro García Sanz; el arquitecto municipal, José Luis Pérez de Frutos, y el exedil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y no también por malversación de caudales públicos, en contra del criterio del Consistorio, personado como acusación particular.

 

Así lo ha resuelto en un auto la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, que desestima así el recurso de apelación que los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían interpuesto contra el auto de apertura de juicio oral del Juzgado de Instrucción 5, en el que se decidió centrar la causa tan solo en la comisión de una supuesta prevaricación de los imputados.

 

Excluida la posibilidad ya de acusar a los investigados por malversación, la Sala, de conformidad también con el juez instructor, ha dejado fuera al constructor y representante legal de Construcciones Mego S.A, Luis González Chozas, y a la referida mercantil como responsable civil.

 

Así, el procedimiento será ahora repartido a un juzgado de lo penal de la ciudad para que fije la fecha correspondiente para la vista oral del juicio contra los tres investigados.

 

ABRIR NUEVA CAUSA POR MALVERSACIÓN

 

Ante ello, fuentes del Consistorio, en declaraciones a Europa Press, han anunciado que no descartan promover una segunda causa contra los tres investigados por delito de malversación de caudales públicos, acción que no dudarán en poner en marcha en el caso de que el primer procedimiento concluya en sentencia condenatoria por el delito de prevaricación del que se les acusa.

 

Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita diez años de inhabilitación para el exalcalde de Íscar, Alejandro García Sanz, y el que fuera edil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez Frutos, los dos primeros como autores de un delito de prevaricación cometida durante la construcción del Centro Multiusos y el tercero como cooperador necesario.

 

Por ello, la acusación pública solicita a los dos primeros investigados inhabilitación por una década para desempeño de empleo o cargo público relacionado con la administración local y al técnico municipal idéntica pena pero para empleo o cargo relacionado con la vivienda, obras y urbanismo.

 

Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad considera autores del delito de prevaricación no sólo al exalcalde y el exedil sino también al arquitecto municipal (les pide también diez años de inhabilitación) y a mayores imputa un delito de malversación de caudales públicos tanto a los dos primeros, en calidad de autores, como al arquitecto y solicita también condenas de cuatro años de cárcel y otros quince años de inhabilitación.

 

En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular interesa también que los investigados, como responsables directos, indemnicen al Ayuntamiento con la cantidad de 2.056.650 euros, más los intereses legales correspondientes.

 

Las investigaciones se remontan a la decisión del Ayuntamiento iscariense de construir un Centro Multiusos, cuya redacción fue elaborada por la sociedad Pejarbo, S.L., en enero de 2006, cuantificando la obra en 2.500.000 euros, IVA incluido, y cuya dirección correspondió al también investigado y arquitecto municipal

 

El pleno del Ayuntamiento de Íscar aprobó en sesión extraordinaria, el día 22 de marzo de 2006, adjudicar la ejecución de las obras a Construcciones Mego, S.A., por el precio ofertado de 2.322.250 euros, IVA incluido, siendo inferior al presupuesto de licitación, que era de 2.500.000 euros, IVA incluido, si bien las obras se dispararon finalmente a 5.150.000 euros, de los cuales casi 2,5 millones corresponden a modificados del proyecto inicial carentes de cobertura legal.

 

Y es que de lo investigado, las acusaciones entienden que salvo una modificación del contrato primitivo aprobada el 27 de junio de 2007, relativa a la barrera y contrabarrera del centro, presupuestada en 404.930 euros, formalizado con arreglo a la ley, desde ese momento y hasta el final del proyecto se produjeron una serie de irregularidades que se estiman constitutivas de infracción penal.