El Consejo de Cuentas recomienda a Aquavall aumentar la inversión para justificar la remunicipalización
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El Consejo de Cuentas recomienda a Aquavall aumentar la inversión para justificar la remunicipalización

El informe sobre la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Valladolid del ejercicio 2016 arrojó un resultado positivo pero a costa de no cumplir con las inversiones previstas.

El Consejo de Cuentas recomendó que el Ayuntamiento de Valladolid atienda los compromisos de inversión de la empresa pública Agua de Valladolid (Aquavall) que en diciembre de 2016 justificaron, entre otras razones, la remunicipalización de la gestión del ciclo integral del agua. De esta manera se podrán alcanzar los "adecuados" niveles de calidad, eficacia y eficiencia.  

 

El informe sobre la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Valladolid del ejercicio 2016 presentado hoy por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, recogió que el ente público creado por el Consistorio de la capital para la gestión del servicio del agua arrojó un resultado positivo de 13,4 millones de euros, una cifra superior a la contemplada en la memoria de 8,9 millones pero a costa de no cumplir con las inversiones previstas.

 

El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía y Hacienda en las Cortes, Salvador Cruz, apuntó que, a la vista de estos datos, el Ayuntamiento hace lo contrario lo que justificó la constitución del ente. "Se planteaba un plan de inversiones para la mejora del ciclo del agua pero en el ejercicio de 2016 la ejecución fue ínfima, pese a que la justificación para crear el ente era incrementar la inversión en el periodo de 15 años", aseveró.

 

No en vano, Cruz recordó que de los 13,4 millones de euros presupuestados solo se ejecutó el 21 por ciento del total, al ser de 1,5 millones acometidos por la empresa municipales y otros 1,4 millones por parte del Ayuntamiento. "Me pregunto, a modo de reflexión, qué se estaría diciendo que si esto que ha hecho una empresa pública lo hubiera llevado a cabo una concesionaria. Este incumplimiento sería legal o estaríamos ante un importante escándalo en los medios de comunicación", apuntó.

 

En todo caso, el presidente del Consejo de Cuentas recordó que el Ayuntamiento de Valladolid tenía previsto invertir 13,4 millones de euros en el año 2019, aunque no se dispone de la Cuenta General de ese ejercicio con motivo de la pandemia del COVID-19, que ha permitido extender el plazo de la presentación hasta enero de 2021.  

 

Buena situación económica

El informe también valoró la buena situación económico-financiera del Ayuntamiento de Valladolid. No en vano, Amilivia declaró que el Consistorio cumplió con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en la liquidación presupuestaria de 2016. Obtuvo un superávit de 28 millones de euros, que fue aplicado a los fines previstos en la normativa aplicable a lo largo de los ejercicios 2017 y 2018, quedando un saldo pendiente de aplicar a dicho superávit de 5,7 millones, que debe ser destinado a la cancelación de endeudamiento.  

 

En cuanto a la regla de gasto, resultó inferior el gasto computable, cifrado en 217,2 millones, al límite de dicha regla, situado en 217,5. El remanente de tesorería para gastos generales fue positivo, alcanzando los 41 millones. Una parte considerable se utilizó en 2017 para financiar modificaciones de créditos, destacando las destinadas a inversiones financieramente sostenibles vinculadas al superávit presupuestario de 2016, que sumaban 16 millones.

 

Se cumplió, asimismo, con el límite de deuda o principio de sostenibilidad de la deuda financiera en la liquidación de 2016, situándose los niveles de endeudamiento financiero registrados en el periodo 2015-2018 muy por debajo del límite máximo del 110 por ciento establecido en la normativa. Así, en la liquidación presupuestaria de 2016 se situó en un 43 por ciento, en una paulatina reducción de su deuda pública municipal.

 

Pese a esta buena situación financiera, Amilivia expuso que el informe recomienda que los informes de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda incluyan a todos los entes del sector de las administraciones públicas y también que se refieran a la situación de todas las entidades dependientes. 

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