El Ayuntamiento de Valladolid pide al Gobierno que adapte la normativa sobre el impuesto de Plusvalía
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El Ayuntamiento de Valladolid pide al Gobierno que adapte la normativa sobre el impuesto de Plusvalía

El Tribunal Constitucional ha anulado la liquidación de este tributo, que gravaba la compra-venta de inmuebles, cuando esta se produzca con pérdidas.

El concejal de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Gato, ha asegurado que espera que el Gobierno de España adapte la normativa que regula el cobro del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Impuesto de Plusvalías) a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la liquidación del tributo en el caso de ventas de bienes inmuebles en los que se ha perdido valor.

 

En declaraciones a Europa Press, el edil socialista ha explicado que su Concejalía emitirá una consulta al Consejo Económico Administrativo del Ayuntamiento al respecto de la citada sentencia y también para confirmar que "lo prudente" es no liquidar más el impuesto en el caso de ventas de bienes inmuebles a pérdidas.

 

Gato ha señalado que el equipo de Gobierno espera una resolución en estos términos, después de que el pasado mes de febrero el Alto tribunal anulara ya la normativa que regula el cobro de este impuesto en la Diputación Foral de Guipúzcoa. En aquel momento, ha recordado, el Área de Hacienda remitió ya una consulta al Consejo Económico Administrativo.

 

El concejal vallisoletano ha explicado que por el momento se esperará a que el Gobierno legisle al respecto, ya que ha considerado que la normativa que regula este impuesto es principalmente de carácter estatal, concretamete la Ley de Regulación de Haciendas Locales.

 

En este sentido, ha añadido que se deberá determinar los mecanismos para tramitar correctamente el impuesto, ya que considera "complicado" fijar cuál era el valor del inmueble en el momento de la adquisición.

 

En cuanto a la manera en la que afectará a las arcas municipales, Antonio Gato ha reconocido que, aunque es "absolutamente imposible" hablar de cifras, la repercusión será negativa y supondrá un "problema añadido" para la fiscalidad de las instituciones municipales, que, como ha reiterado, se encuentran ya en una "situación compleja" por la denominada Ley Montoro y, sobre todo, la regla del techo de gasto.

 

EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA

 

Este tributo se fijó en 2004 mediante la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en un intento de sacar rédito a la especulación inmobiliaria. Se partía de la base de que un inmueble con el tiempo se revaloriza, una idea con mucho fundamento antes de la crisis pero que actualmente ha perdido validez. 

 

Por lo tanto este impuesto, nacional pero gestionado por los Ayuntamientos, grava la venta de inmuebles, independientemente del valor de estos. Incluso cuando la venta fuera de menor valor que la compra. Algo que en febrero del 2017 el Tribunal declaró inconstitucional.

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