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El Ayuntamiento de Valladolid dice que todavía hay tiempo para solucionar el conflicto de Auvasa

Imagen de una reunión de la mesa negociadora.

A mediados de agosto podría estar constituida la comisión negociadora para establecer la jornada partida, que este viernes será presentada al Consejo de Administración de Auvasa. 

Así lo ha explicado el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, quien ha advertido de que aunque "todavía hay tiempo" para alcanzar un acuerdo que permita cumplir con el derecho al descanso de media hora para los conductores reconocido por la Justicia, "cada vez se estrecha más el camino".

 

En este sentido, Vélez ha vuelto a insistir en que la opción de contratar a 33 trabajadores para poder cumplir con los descansos es inviable, puesto que, al margen de suponer un coste de 1,6 millones que la empresa "no puede asumir", incumpliría la tasa de reposición que permite sólo suplir las jubilaciones que se produzcan.

 

Así, y ante la falta de acuerdo, el concejal ha confirmado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que en la empresa planteará la inaplicación de varios artículos del convenio colectivo, un proceso "legal y tasado" para el que se deberá crear la comisión negociadora con representantes de Auvasa y de los trabajadores.

 

Luis Vélez ha recordado que, en el caso de acceder a las pretensiones de los sindicatos, los miembros del Consejo de Administración podrían tener que "responder patrimonialmente" por "perjudicar las cuentas de la empresa".

 

Como ya hiciera el alcalde, Óscar Puente, la pasada semana, Vélez ha defendido que, aunque la puerta del diálogo siga abierta, el Consistorio no puede demorar más la tramitación de la jornada partida, ya que cada día que pasa sin aplicar la sentencia del Tribunal Supremo se incumple el derecho al descanso de los trabajadores, algunos de los cuales ya lo han reclamado por la vía judicial.

 

El concejal de Seguridad y Movilidad ha lamentado que en el caso de Auvasa no se haya podido llegar a un acuerdo como el que se alcanzó con los profesionales del Servicio de Extinción de Incendios, el cual permitió "mejorar la prestación, hacerlo con un menor coste y mejorar la calidad de vida de los trabajadores".

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