El Ayuntamiento de Valladolid asume que tiene que abrir expediente a Antonio Gato tras la sentencia

Óscar Puente y Antonio Gato.

La Audiencia Provincial ha confirmado que el consistorio tiene un plazo de dos mese para amonestar al edil, responsable del área de Hacienda, por no abstenerse en la firma del contrato de su cuñada.

Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, ha confirmado este viernes 2 de noviembre que el equipo de Gobierno acatará el auto de la Audiencia Provincial en el que se da un plazo de dos meses al alcalde, Óscar Puente, para abrir un expediente sancionador al concejal del PSOE Antonio Gato por no abstenerse en la firma del contrato de su cuñada en el Ayuntamiento.

 

En declaraciones a los medios de comunicación, Herrero ha apuntado que en las próximas semanas se abrirá expediente al edil socialista, mientras que fuentes municipales han señalado que la Audiencia parece indicar, en el auto que responde a un recurso presentado por el Grupo Municipal Popular, que habrá que sancionar al edil si bien, conforme a la Ley de Transparencia, se quedaría en una amonestación.

 

Pedro Herrero ha subrayado que el Ayuntamiento acatará "lo que dice el juez", que es sentencia firme, y ha señalado que se abrirá el expediente, si bien ha defendido que el concejal Antonio Gato "no ha intervenido para nada" en la contratación de su cuñada para un servicio dependiente del Área de Medio Ambiente.

 

Eso sí, el portavoz ha reconocido que el concejal "tenía la obligación de no firmar" el contrato, algo que en todo caso era "un puro trámite administrativo".

 

Por otra parte, las citadas fuentes municipales han apuntado que aunque en el auto de la Audiencia no se fija si el expediente deberá ser sancionador o no, parece indicar que se deberá sancionar al concejal. Aunque recuerdan que, conforme a la Ley de Transparencia, la penalización es "sólo una amonestación" y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

Ello se debe, explican las mismas fuentes, a que ya se abrió y se cerró un expediente sancionador en el que se decía que Gato no había tenido intervención en la contratación de su familiar y también se aportó un informe del secretario general en el que se apuntaba que la firma del decreto es un "acto debido" que no interfería en la toma de la decisión, trámites que "no han parecido suficientes" a la Audiencia provincial.