El Ayuntamiento cree que la sentencia sobre la tasa del agua no tiene efectos y el PP ve peligrar su cobro

Según el consistorio, la sentencia "únicamente estima una cuestión formal, como es que no estaban correctamente regulados el concepto de devengo y el período impositivo".

El Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estima el recurso de Aguas de Valladolid sobre la ordenanza fiscal para el cobro del agua no tiene efectos debido a que sólo se refiere a una cuestión formal, mientras que el Grupo Municipal Popular ve peligrar su cobro.

 

En concreto, el Ayuntamiento, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que la sentencia, que obedece a un recurso de la anterior adjudicataria del servicio, "únicamente estima una cuestión formal, como es que no estaban correctamente regulados el concepto de devengo y el período impositivo".

 

"Es una cuestión formal puesto que en absoluto afecta ni al fondo del proceso de recuperación de la gestión directa del agua, ni al pago realizado por la ciudadanía, ya que las tarifas se mantuvieron sin modificaciones y conforme a las que establece la Junta de Castilla y León", ha señalado el Consistorio.

 

Además, ha aclarado que la sentencia hace referencia exclusivamente a la ordenanza reguladora de la tasa desde julio hasta diciembre de 2017 pues, como indica la sentencia, "las tarifas ya han sido modificadas con efectos de 1 de enero de 2018 en virtud de la modificación aprobada en sesión plenaria de 21 de diciembre de 2017".

 

Por eso, a día de hoy, las tarifas aplicadas en 2018 son las aprobadas con efectos de 1 de enero de 2018 no afectadas por la anulación, ha añadido el Ayuntamiento.

 

En esta línea, ha destacado que la nulidad de la ordenanza no se extiende a las liquidaciones efectuadas en su momento y que ya son firmes administrativa o judicialmente. Así, ha insistido en que "eso no supone ningún agravio, puesto que las tarifas se mantuvieron exactamente iguales".

 

No obstante, el Consistorio ha apuntado que la sentencia considera que aunque en el procedimiento de aprobación de ordenanzas fiscales debe incluirse el trámite de consulta pública previa, su incumplimiento en este caso por el Ayuntamiento no determina la nulidad de la Ordenanza porque el trámite de exposición pública previsto -aunque es distinto al de consulta previa referido- ha sido cumplido en este caso por el Ayuntamiento "y colma la finalidad de participación ciudadana a que responde dicha consulta previa".

 

En la misma línea, señala que el hecho imponible está bien definido en la Ordenanza, la regulación sobre contribuyente y sustituto contenida en la ordenanza se adapta a las previsiones del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales del artículo 23 TRLRHL.

 

En cuanto a los efectos del fallo anulatorio de la sentencia, ha concretado que como el fallo de la sentencia no proclama la retroactividad de la nulidad a los actos de aplicación firmes de la Ordenanza, la nulidad de la ordenanza, en este supuesto, no se extiende a las liquidaciones efectuadas al amparo de la misma que hayan adquirido firmeza judicial o administrativa, en este último caso porque no hayan sido recurridas en tiempo y forma.

 

Además, ha agregado que no hay reclamaciones de la tasa, por lo que son firmes, dado que la cuantía durante 2017 fue la misma durante todo el año.

 

PELIGRO DEL COBRO DE LA TASA

 

Por su parte, el PP considera que el fallo pone en peligro el cobro de la tasa del agua y ha criticado "el exceso de precipitación y ansiedad" del alcalde, Óscar Puente, y su equipo de Gobierno en la puesta en marcha de la remunicipalización del agua como se demuestra en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la ordenanza municipal que aprueba la tasa del agua.

 

Los 'populares', en un comunicado recogido por Europa Press, consideran que esa sentencia, que condena en costas al Ayuntamiento, "demuestra que la ordenanza estaba en contra de la ley y se ha declarado nula", por lo que "el cobro de la tasa del agua desde 1 de julio de 2017 es ilegal y podría estar mal cobrado y por lo tanto ser reclamada su devolución por los consumidores".

 

El PP municipal considera que en 2018 esa tasa sigue siendo "ilegal" por no adecuarse a las últimas modificaciones legales, donde "ya no se puede cobrar como tasa sino como contraprestación no tributaria".

 

Por eso, creen que Puente y su equipo "deberían ya haber aprobado la nueva norma, pendiente desde marzo, si se quiere cobrar de forma legal el agua pública".

 

Los 'populares' consideran que "Puente ya no puede presumir de tener todas las sentencias a su favor como hizo el pasado martes en el Pleno, al recaer en su contra esta sentencia que coloca en una posición ilegal muy grave al EPEL del agua municipal".

 

El Grupo Popular considera que "seguramente la mayoría de los vecinos no reclamaran la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su bajo importe, pero Puente sabe que no habrá obrado en justicia contra los vecinos, haciéndoles pagar por algo ilegal por su propia ansiedad y precipitación".

 

Por otra parte, la formación considera que puede suceder que haya empresas que, pagando cantidades elevadas por el consumo de agua, sí acaben reclamando las cantidades ilegalmente cobradas.

 

Los 'populares' han recordado que Puente y la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, "han mentido" a los vecinos cuando dicen que invierten en las infraestructuras del agua, ya que en el año 2017 la inversión "no ha existido, ni en la primera mitad del año cuando cobraban el canon de la empresa concesionaria", ni en la segunda mitad del año cuando crearon la Entidad Pública Empresarial (EPEL) del agua.

 

Asimismo, han asegurado que la ejecución de inversiones "en el año 2018 a estas alturas del año sólo llega a comprometer el 10 por ciento del presupuesto estimado para este año, muy bajo para lo que debería ser a mes de junio".

 

El PP ha agregado que "la mal llamada remunicipalización del agua, que siempre ha sido pública, ha sido un engaño más del gobierno de Puente" y ha añadido que la empresa que han creado sigue "privatizando" numerosos servicios que necesita Aquavall para funcionar "con el consiguiente beneficio empresarial que decían se iba a ahorrar la ciudad".

Comentarios

¡VÍAS FUERA! 22/06/2018 11:24 #1
Esto me parece un diálogo de besugos. Tonterías de politicuchos que pleitean por una cuestión baladí. Como ciudadano, me importa que al abrir el grifo salga agua (de calidad, a ser posible) y que el coste del servicio sea asequible. Si la empresa es pública o privada, me importa poco. La remunicipalización del servicio del agua, ese "gran logro" que Puente pregona, ¿supone un gran cambio para el ciudadano corriente? ¿A que no? Lo veo como cuestión de ideología, y cabezonería; pero no gran mejora de lo que había... El agua sigue saliendo del grifo, de la misma manera, con la empresa privada o pública. Y mientras, los políticos haciendo el político, y creando peleas y problemas donde no hacía falta crearlos.

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