El antiguo jefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, absuelto del 'Caso PGOU'

La Audiencia de Valladolid ha acordado su absolución al retirar contra él los cargos la Fiscalía y no estar acusado por la popular.

El que fuera jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico en el Ayuntamiento de Valladolid, José Luis Cerezo Bada, uno de los cuatro encausados por el denominado 'Caso PGOU' que se sigue en la Audiencia Provincial, ha quedado absuelto al retirar contra él los cargos la fiscal del caso y tampoco figurar como acusado en la lista de la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado'.

 

Ha sido la gran sorpresa de la décima de las jornadas celebradas por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, donde se investiga la comisión de presuntas irregularidades por la cúpula de Urbanismo del Consistorio en 2003 en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana publicado en 2004 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que, como siguen sosteniendo las acusaciones, habría reportado pingües beneficios a distintos promotores urbanísticos.

 

Practicada ya la prueba testifical, y en el trámite en el que las partes debían anunciar si mantenían a definitivas sus conclusiones o bien modificaban, la fiscal del caso, Ana Valle, ha anunciado la retirada de los cargos que imputaba a José Luis Cerezo Bada, y, en cambio, ha mantenido, con "matizaciones no sustanciales", la imputación y penas solicitadas para los otros tres encausados, el que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, y el exjefe del área, Modesto Mezquita.

 

Ante ello, el magistrado presidente de la Sala, José Luis Ruiz Romero, en virtud del principio acusatorio, y dado que ninguna de las acusaciones le imputa ya cargo alguno--la acusación pública, desde el principio no le tenía en su lista de acusados--, ha absuelto al exresponsable de Planeamiento y le ha invitado a abandonar el banquillo junto a su abogado.

 

La acusación, por tanto, continúa contra García de Coca, Álvarez Aller y Modesto Mezquita, a quienes la fiscal del caso responsabiliza de un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y de otro sobre el patrimonio histórico, con peticiones para todos ellos de tres años de prisión, 25.200 euros de multa e inhabilitación por espacio de 37 años.

 

LA POPULAR PIDE A GARCÍA DE COCA 6 AÑOS

 

Por su parte, la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', solicita la mayor de las penas, seis años y diez meses de prisión, para García de Coca, junto con 38 meses de multa y 17 de inhabilitación por un delito de falsedad en concurso con otro de tráfico de influencias y otro de prevaricación contra el patrimonio histórico.

 

Para Mezquita y Aller, el acusador popular, también por falsedad en concurso con tráfico de influencias y dos delitos de prevaricación, uno de ellos urbanística, interesa cuatro años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, 15 meses de multa y 14 de inhabilitación, mientras que sus respectivos abogados ha persistido en su declaración de inocencia y han pedido un fallo absolutorio.

 

Sin embargo, los alegatos de unos y otros, concluida la fase testifical con el la declaración de medio centenar de testigos, serán expuestos por las partes este miércoles y el jueves, con lo que este proceso judicial, 16 años después de que se produjeran los hechos presuntamente delictivos, quedará visto definitivamente para sentencia.

 

A lo largo del presente juicio el 'ojo del huracán' se ha centrado, de un modo especial, en una serie de operaciones urbanísticas que, como así sostienen los acusadores, fueron propiciadas por la modificación intencionada del planeamiento urbanístico, sin que las mismas fueran aprobadas por el Pleno ni por la Consejería de Fomento, y habrían generado importantes beneficios a una serie de promotores urbanísticos.

 

En este extremo se situarían la operación realizada en la Avenida de Madrid número 185, donde una manipulación de un plano, suprimiendo una leyenda, otorgaba a una parcela la posibilidad de construir 124 viviendas, frente a las nueve o a lo sumo 22 autorizadas inicialmente. Los entonces propietarios pudieron vender los terrenos por 4.288.728 euros, cuando los habían adquirido por tan solo 1.394.948.

 

Otra de las operaciones objeto de investigación hace referencia a la antigua fábrica de Harinas 'La Perla', en la Avenida de Gijón, donde la manipulación efectuada y el cambio de catalogación del inmueble permitió transformarlo en un hotel de cinco estrellas, el 'Marqués de la Ensenada', o la realizada en la calle José María Lacorte, donde los terrenos propiedad de la Fundación Emilio Álvarez Gallego pasaron a gozar de la consideración de suelo urbano consolidado.

 

Tal circunstancia eximió a los propietarios de efectuar una serie de cesiones y dotaciones que exige la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Tan solo la patrimonialización del cien por cien del aprovechamiento, en vez del noventa por ciento, supuso para el Ayuntamiento un empobrecimiento de 955.676 euros.

 

Parte del subsuelo de este terreno, a posteriori, fue vendido por la referida fundación a 'Parkosa' S.L. por más de seis millones de euros para la construcción de un aparcamiento subterráneo, con la particularidad de que dicha sociedad hipotecó más tarde el solar en garantía de un préstamo hipotecario por importe de más de 12 millones de euros.

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