El acusado de repartirse 80.000 euros en víveres no entregados en la Cardenal Marcelo pacta su condena

Una fotografía de la residencia Cardenal Marcelo.

El administrador de PAIR S.L, coacusado junto con un funcionario de la Diputación de Valladolid, acepta 18 meses de prisión

El empresario Carlos L.H, coacusado junto con funcionario de la Diputación de Valladolid Julián D.P. por repartirse entre ambos más de 80.000 euros de facturas en concepto de víveres no entregados en la residencia de Ancianos Cardenal Marcelo, dependiente de la institución provincial, ha pactado un condena de 18 meses de prisión, con lo que eludirá el juicio con jurado popular que se celebrará por estos hechos.

 

Con carácter provisional, las acusaciones pública y particular, ésta en representación de la Diputación, solicitaban para ambos acusados ocho y cinco años de cárcel, respectivamente, si bien la condena pactada ahora por el empresario, que ya ha consignado en sede judicial 40.650,45 euros, contempla una sustancial rebaja para éste consistente en 18 meses de prisión, idéntico periodo de inhabilitación y multa de 2.040 euros como cooperador necesario e inductor de un delito continuado de estafa y de otro de falsificación de documento oficial mercantil cometido por funcionario público, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

El que se niega a asumir el acuerdo es el funcionario que tenía encomendado el almacén-despensa de la Cardenal Marcelo, Julián D.P, para quien ahora el fiscal, frente a los 8 años iniciales, pide cuatro años y nueves meses de cárcel, multa de 8.100 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años.

 

A ambos, a quienes se exige el abono conjunto y soliario de una indemnización de 81.300 euros en favor de la Diputación vallisoletana, se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas, y en el caso del administrador de PAIR la de reparación del daño causado, al haber consignado su parte de la cantidad total que se reclama a ambos como responsabilidad civil.

 

Los hechos que serán vistos en un juicio con jurado popular en la Audiencia de Valladolid, en fecha aún por determinar, se circunscriben al periodo que media entre los años 2007 y 2010, en el que el funcionario de la Diputación vallisoletana Julián D.P. tenía encomendado el control del almacén-despensa de la residencia Cardenal Marcelo, dependiente de la institución provincial y ubicada en la Avenida de Las Contiendas.

 

En el referido periodo, los acusadores sostienen que el funcionario y el administrador de PAIR S.L, Carlos L.H, quien figuraba como proveedor de determinadas partidas de alimentos de la referida residencia de ancianos, se pusieron de acuerdo para hacer figurar en los albaranes de entrega de suministros que éstos habían sido servidos y entregados en el centro, cuando en realidad los víveres jamás entraron en el almacén.

 

De este modo, los albaranes eran emitidos por el empresario a través de su empresa y luego firmados por el funcionario como recibidos en representación de la Diputación de Valladolid, lo que permitía luego a la mercantil pasarlos al cobro y entre ambos, presuntamente, se repartían el importe de las facturas, que en el periodo investigado supera los 80.000 euros.

 

DESCUBIERTO A RAÍZ DE UN INVENTARIO

 

El supuesto ardid de los dos investigados se produjo a raíz de un inventario efectuado por el centro Cardenal Marcelo, aprovechando las vacaciones de verano del funcionario encargado del mismo. Así, se pudo corroborar que el inventario existente era notablemente inferior al que correspondía a los albaranes de mercancía recibidos inmediatamente antes.

 

Ante ello, la Diputación efectuó una investigación interna en cuyo transcurso el empresario procesado llegó a confesar los hechos y se ofreció a restituir la cantidad malversada con el fin de que el asunto quedara archivado.

 

El contrato de suministro con esta mercantil fue finalmente resuelto por Decreto de Presidencia de fecha 13 de octubre de 2010, a solicitud del adjudicatario, que perdió además la fianza prestada.

 

Un informe pericial contable efectuado sobre el patrimonio del funcionario acreditaría que los ingresos registrados por éste en el periodo investigado es muy superior al que le corresponde por razón de su puesto de trabajo y el de su esposa, con lo que los mismos han sido atribuidos a esta actividad delictiva.