Ecologistas en Acción se suma a la acusación popular contra Caja España-Duero

Esparza dice que la situación sería distinta si el Banco de España hubiera actuado antes y la Junta no hubiera autorizado operaciones.

Ecologistas en Acción se ha sumado a Izquierda Unida en la acusación popular contra caja España-Duero, en la actualidad Banco Ceiss, a la espera de conocer tanto las responsabilidades individuales de cada uno de los dirigentes de las entidades como las de los analistas de riesgo.

 

Así lo han anunciado este jueves el coordinador regional de IU, José María González, y Javier Gutiérrez, de Ecologistas en Acción, quienes en rueda de prensa han realizado un llamamiento público a otras fuerzas y colectivos para que se adhieran a la personación como acusación popular.

 

Gutiérrez, quien ha recordado que Ecologistas en Acción ya advirtió hace años de la "locura" del crecimiento de la construcción, entonces "no identificada socialmente de manera mayoritaria", ha vinculado su decisión de personarse en la necesidad de que el PP y el PSOE hablen del tema así como en el desigual trato dado por las entidades.

 

"En este contexto no nos quedaba más que emprender actuaciones judiciales en el ámbito de lo contencioso y penal para intentar explicar a los ciudadanos este desaguisado y para que los responsables hagan frente a sus responsabilidades", ha explicado Gutiérrez, quien ha trasladado su deseo de que su decisión "sirva para aclarar social y judicialmente el proceso" y dado que los "protagonistas principales" parecen "no querer hablar".

 

En los mismo términos se ha pronunciado el letrado de Izquierda Unida, Gorka Esparza, quien ha considerado "muy importante" que en la calle "se ponga en el punto de mira a los administradores de las cajas de hecho y de derecho" a la vez que se trabaja en el ámbito judicial.

 

Desde esta perspectiva, ha recordado que su acusación se sustenta en un delito de los administradores de hecho o de derecho cuando llevan a cabo actividades propias o de un tercero o cercano y generan perjuicios a los socios de la administración (cuantificados en la actualidad en cerca de 65 millones de euros) y ha precisado que los próximos pasos se centran en el conocimiento de responsabilidades.

 

En concreto, ha señalado que el juzgado se encuentra a la espera de que Banco Ceiss aclare "quiénes votaron qué", es decir, el grado de responsabilidad de cada uno, y de que el Banco de España analice "una por una" las operaciones aprobadas para poder determinar el papel de los analistas de riesgo de las entidades.

 

En este sentido, ha recordado que la investigación judicial abierta ha estudiado 29 operaciones realizadas por las entidades y con determinadas empresas vinculadas a dirigentes o administradores de las dos entidades de ahorro, punto en el que ha cifrado en 67 millones (con riesgo vivo de 55 millones) la cuantía de los préstamos concedidos en Caja España y en 8,8 los de Caja Duero (con tres millones de riesgo vivo).

 

Tras señalar que se concedieron créditos a empresas "sin garantía de solvencia" de modo que existen casos de sociedades a las que se otorgaron préstamos para afrontar el impago de otros empréstitos, por lo que "se sabía que eran operaciones en ruina", Esparza se ha mostrado convencido de que Banco Ceiss alegará que toda operación "lleva un riesgo inherente".

 

A su juicio, si el Banco de España hubiera actuado en su momento con la misma "diligencia" que en la actualidad y la Junta no hubiera autorizado operaciones realizadas por dirigentes de las cajas "sin entrar a valorar la conveniencia o el riesgo (...), como si pusiera un sello", la situación actual sería diferente. "No estaríamos aquí", ha apostillado.

 

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

 

José María González, quien ha recordado que su grupo parlamentario ya pidió la creación de una Comisión de Investigación sobre este asunto en las Cortes, ha reiterado que la Junta, el PP y el PSOE debieran tomar decisiones "que traigan consigo la máxima transparencia sobre lo ocurrido".

 

"Si alguien debe asumir responsabilidades políticas, que las asuma", ha insistido antes de afirmar que con "saltos al vacío" como el realizado recientemente por el secretario general del PSCL, Julio Villarrubia, en su defensa de José Francisco Martín, hacen un "flaco favor".

 

"No está esta sociedad para cerrar ventanas sino para abrirlas", ha defendido antes de añadir que siguen buscando canales para que el tema siga estando presente en las Cortes.