Ecologistas en Acción le pide al Ayuntamiento la "peatonalización total de la parte central de Valladolid"

Imagen de archivo.

El colectivo le ha mandado sus propuestas "de partida" para la elaboración de la orgenanza de movilidad urbana. 

Ecologistas en Acción (EA) ha trasladado al Ayuntamiento de Valladolid sus propuestas "de partida" para la elaboración de la ordenanza de movilidad urbana.

 

La organización ecologista considera que en esta fase de elaboración de la ordenanza municipal de movilidad urbana, más que proponer aspectos concretos a incluir en ella "es más oportuno poner el énfasis en algunas cuestiones fundamentales a tener en cuenta para su redacción".

 

Así, ha trasladado por escrito al concejal de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Ángel Vélez Santiago, un conjunto de propuestas de partida.

 

El primer aspecto que preocupa al colectivo ecologista es el alcance de la ordenanza. "Debe de ser lo más amplia posible, que abarque todos los ámbitos de la movilidad. En los casos en que por alguna razón no integre alguno de estos ámbitos se deben de contemplar las directrices y criterios que deben regir su futuro desarrollo", ha señalado la organización.

 

Además, ha añadido que "se deberían contemplar al menos los criterios y directrices que deberían aplicarse en otras ordenanzas que se han excluido de este reglamento, las cuales tienen una influencia importante en la movilidad como son la ordenanza de terrazas, transporte público, taxis, ocupación temporal de espacio público, etcétera".

 

En segundo lugar, ha apuntado cinco principios y criterios que deben de prevalecer en la ordenanza. El primero de ellos es la sostenibilidad ambiental. "En este punto nos remitimos al documento "Propuestas para Valladolid ante las elecciones municipales de 2019", de abril de 2019, que se hizo llegar a las formaciones políticas que se presentaron a las elecciones.

 

RESTRICCIÓN AL AUTOMÓVIL

 

Como se decía aquel documento, el uso del automóvil privado en Valladolid es "desproporcionadamente alto" y crea situaciones cada vez más problemáticas que hacen insostenible a la ciudad. "Se deben de adoptar medidas radicales para acelerar la transición hacia la sostenibilidad energética y ambiental, lo que implica fuertes restricciones del automóvil privado", ha agregado Ecologistas.

 

Por otro lado, han incidido en que se debe tener en cuenta la salud, manifestada en la calidad del aire y la disminución de los ruidos, como segundo de esos principios.

 

"La mala calidad del aire en Valladolid es estructural y requiere medidas permanentes sobre la principal fuente de contaminación que en nuestra ciudad es el tráfico", ha explicado Ecologistas en Acción, que considera que se deberán establecer "zonas restrictivas" de emisiones contaminantes a la atmósfera y ruidos.

 

"La medida más importante en este sentido sería la peatonalización total de la parte central de Valladolid. Se favorecerá la movilidad ciclista y se incrementarán las restricciones a los aparcamientos de carácter rotatorio en el centro de la ciudad", ha concretado.

 

Además, la organización ha explicado que como ya apuntaba en las propuestas para las elecciones municipales, en estos últimos cuatro años se han tomado "importantes" medidas municipales como el Plan que permite la adopción de medidas restrictivas del tráfico en aquellas situaciones de mala calidad del aire. "Pero la persistencia de esas situaciones obliga a replantear en profundidad toda la movilidad en la ciudad, también se deben reforzar este tipo de medidas en la nueva ordenanza", ha puntualizado.

 

En relación con la seguridad en la movilidad -el tercero de los principios-, para la organización ecologistas lo primero han de ser las personas.

 

PROTECCIÓN A LOS MÁS DÉBILES

 

Así, en su opinión esta cuestión se debe enfocar la seguridad desde la perspectiva de las partes "más débiles" como peatones y las personas discapacitadas. Por ello, proponen restringir el uso del vehículo privado en las inmediaciones de colegios y lugares de gran afluencia de peatones.

 

En el caso de utilización temporal de los espacios públicos -como pueden ser las terrazas- apunta que se debe garantizar la movilidad de la ciudadanía en general, con especial cuidado de las personas más vulnerables, como las discapacitadas, o las sillas de bebes y para ello se deben regular las distancias a las fachadas, aceras, mobiliario urbano, etcétera, así como garantizar el acceso de los servicios de urgencias y seguridad. "Para ello se dejarán las distancias necesarias para que puedan intervenir especialmente los bomberos y urgencias sanitarias", ha añadido.

 

Sobre la prevalencia de los derechos públicos y colectivos, Ecologistas en Acción pide que "en todos los casos, como principio inspirador de la ordenanza, prevalezcan estos derechos sobre los intereses particulares. Así se favorecerá el transporte colectivo sobre el particular".

 

En cuanto al proceso de participación -quinto principio-, piden que exista un debate participativo en un proceso "lo más amplio posible" que garantice un debate "serio y riguroso" y proporcionar la información exhaustiva sobre la elaboración de la ordenanza. "Los tiempos de exposición para alegaciones a las propuestas y borradores tienen que ser amplios (de meses) y se deberá dar contestación a las alegaciones, preguntas o aclaraciones que pudieran presentar los organizaciones sociales interesadas", señalan.

 

Asimismo, considera que tanto el Consejo de Movilidad como el Consejo Municipal de la Agenda Local 21 deben ser una parte importante en este proceso de debate en el cual ambos órganos de participación deberían informar por escrito, reivindicación también recogida en sus propuestas ante las elecciones.

 

Por último, en relación con los plazos, Ecologistas en Acción demanda a la concejalía de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid que exista un compromiso de una fecha de aprobación.

 

"Se debe fijar un calendario con los diferentes hitos que evite retrasos en la elaboración y aprobación de la ordenanza, para evitar dilaciones como ha ocurrido en el Pimussva. Parece razonable un periodo de 24 meses para su aprobación", ha concluido la organización.