CSIF exige que todos los policías locales puedan acogerse a la vez a la jubilación anticipada

Valentín Martínez, Amadeo García y  Raúl Castrillo.

En tres años, el 40% de los policías locales de la Comunidad podrían pasar a segunda actividad, por lo que CSIF advierte que tomará medidas si en el mes de julio no está aprobado el prometido decreto de jubilación anticipada para la Policía Local.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León reclama que el esperado decreto que regule la jubilación anticipada de la Policía Local, pendiente de que el Gobierno lo redacte y lo apruebe, “debe admitir, de una sola vez, la jubilación de todos los policías mayores de 60 años, para que los ayuntamientos puedan cubrir la totalidad de las plazas de policías que se jubilen, con una oferta de empleo público que alcance la tasa de reposición del 100%, desde el primer momento". Ahora, más del 10% de los policías locales (unos 260) de Castilla y León están entre 60 y 65 años, que son las plazas que podrían ofertarse.

 

Teniendo en cuenta que la academia de formación de policías locales dura un año y reconociendo que no se prestaría servicio en el puesto en al menos 8 meses, las plantillas sólo quedarían diezmadas en un periodo de enero a agosto, y de una sola vez.

 

Por el contrario, si se mantiene la jubilación anticipada por tramos progresivos (59-60 años, 61-62 y 63-64), en tres años se acumularán las jubilaciones y podría ocurrir que el 25% de los efectivos se jubilaran, pudiéndose ofertar sólo un tercio de esas plazas vacantes.

 

Además, los ayuntamientos podrían quedar sobrepasados por el paso a la segunda actividad de un buen número de sus agentes locales, para los que no habría puestos suficientes, debido a las limitaciones de las plantillas municipales. Hay que recordar que cuando un policía local llega a los 60 años, y debido a la calificación de peligrosidad del trabajo, pasa a una segunda actividad en el Ayuntamiento, por entender que ya no tiene las aptitudes físicas o psíquicas adecuadas.

 

En unos tres años, apunta CSIF, el 40% de las plantillas de policías locales de Castilla y León pueden pasar a la segunda actividad, “y la mayoría de los ayuntamientos no tendrían recursos para pagar a nuevos policías y mantener a los que pasan a la segunda actividad, puesto que se duplican los costes”.

 

Más del 50% de los policías locales de la Comunidad, que suman unos 2.450, son mayores de 50 años, por lo que el Gobierno tiene que reaccionar rápido, y aplicar el futuro decreto para el inicio del verano, según lo prometido en el mes de diciembre de 2016, después de la conclusión de todos los trámites preceptivos exigidos para el expediente. “La situación de los servicios ofrecidos por la Policía Local a la ciudadanía es muy grave, por la circunstancia de avanzada edad y actitud psico-física de sus plantillas”.

 

Una situación, por otra parte, “que ya se había avisado, porque llevamos informando de este problema desde hace 10 años, el tiempo que se lleva reivindicando la jubilación anticipada”, para equiparar así el cuerpo de Policía Local a otros cuerpos de seguridad del Estado o autonómicos, que ya tienen reconocida la jubilación anticipada con anterioridad, incluso, a la petición de los policías locales.

 

CSIF advierte que si, para este mes de julio, el decreto no está redactado y aprobado, “tomaremos medidas para que la promesa dada por el Gobierno y por el presidente de la FEMP no caiga en el olvido”.

 

Buena parte de las plantillas actuales de la Policía Local de los ayuntamientos castellanos y leoneses se incorporaron en los primeros años de la década de 1980, con el asentamiento de la democracia, por lo que ahora la mayoría de esas plantillas están a las puertas de la jubilación.

 

En cuanto al decreto pendiente de la jubilación anticipada, una vez finalizadas todas las tramitaciones, y con todos los informes encima de la mesa, el Gobierno todavía “no ha dicho nada, ni ha anticipado las posibles condiciones que se van a establecer en la orden”.

 

Por ello, CSIF pide “tranquilidad” y que no se generen expectativas que no están confirmadas ni aceptadas aún por el Gobierno, que puedan llevar a los policías locales afectados a tomar decisiones equivocadas. CSIF teme que el contenido del decreto puede estar condicionado a la aprobación de los Presupuestos Generales de 2017, que marcarán la disponibilidad económica para la jubilación anticipada de los policías locales.