Cruce de reproches entre PSOE y PP por el soterramiento en Valladolid

Saravia y Puente presentando la 'integración en superficie'.

Antes de abordar la convocatoria de la Comisión sobre la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, ambos grupos han hecho sus análisis.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid basa sus conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la Sociedad Alta Velocidad (SVAV) en que el Partido Popular "engañó" a la ciudad al emplear el soterramiento para su "lucro electoral", mientras que los 'populares' se defienden y culpan al PSOE, primero al estatal, de retrasar el proyecto entre 2004 y 2011 y posteriormente, al municipal, de "finiquitarlo" entre 2015 y 2018.

 

Así se han expresado este martes 20 de noviembre los portavoces de los grupos Popular, Antonio Martínez Bermejo, y Socialista, Pedro Herrero, una jornada antes de la convocatoria de la Comisión de la SVAV en la que se abordará la presentación de conclusiones preliminares después de algo más de un año de su puesta en marcha.

 

El Grupo Popular basa sus conclusiones en buscar las responsabilidades del descarte definitivo del proyecto de soterramiento que se manejaba desde que se constituyó la SVAV en 2003. Martínez Bermejo ha considerado que la actuación del Gobierno socialista de España durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2011, "hirió de muerte" el proyecto.

 

Según el portavoz del PP, el PSOE, con la crítica personificada en el que fuera secretario general de Infraestructuras Víctor Morlán, causó retrasos en actuaciones como la variante de mercancías y los talleres de Renfe, y sobrecostes cercanos a "250 millones de euros" sobre el presupuesto inicialmente previsto.

 

Además, ha aseverado que el crédito de 400 millones de euros fue "negociado y prácticamente impuesto" por el Gobierno socialista.

 

Posteriormente, siempre según la versión del PP, el "tripartito" municipal encabezado por Óscar Puente ha "finiquitado" los planes, ya que en primer lugar "no quisieron hacer la consulta ciudadana que habían comprometido", al tiempo que no hicieron frente a los "tres millones de euros" en concepto de intereses de la deuda que se le reclamaron a finales de 2015, pese a que el Gobierno de España, ya del PP, y la Junta de Castilla y León, "se ofrecían a adelantar los 200 millones y pagar intereses".

 

A partir de ahí, según Martínez Bermejo, Puente y Saravia utilizaron "torticeramente" las 'comfort letter' para justificar la "terrible" decisión de no asumir la deuda, pese a que, ha recordado, esos documentos "no tuvieron consecuencia económica" ni posiblemente penal.

 

Finalmente, ha lamentado que el equipo de Gobierno municipal ha abandonado el soterramiento y "lo haya cambiado por un proyecto de túneles y pasarelas" -firmado hace ahora un año con el Gobierno de Mariano Rajoy y la Junta de Castilla y León, del PP- que "va a costar no menos de 170 millones de euros a los vecinos".

 

PROYECTOS "MUY AVANZADOS"

 

En tercer lugar, se recalca en las conclusiones del PP que la actuación de la SVAV fue "conforme a derecho" porque se "han llevado a cabo prácticamente tres de los cuatro proyectos previstos", como los túneles del Pinar de Antequera, el nuevo complejo de talleres, que todavía está pendiente de iniciar el traslado, y la variante de mercancías, cuyas obras se han renaudado recientemente después de unos siete años paralizadas, aunque "va muy avanzada".

 

Asimismo, Martínez Bermejo ha añadido el reproche de que las condiciones de la comisión "no han ayudado al buen desarrollo de la misma" y ha acusado a la presidenta de mantener un "planteamiento parcial". Ello lo ha sumado a otros hechos como que Óscar Puente "compareció cuando quiso y le apeteció en el mes de julio" y la "pérdida de una grabación" del concejal deL PP Jesús Enríquez.

 

El PSOE expone, a lo largo de 15 puntos las que a su juicio son las "claves" para entender por qué fracasó el convenio suscrito en 2002 por los socios implicados en la operación, el Ministerio de Fomento (50 por ciento), la Junta de Castilla y León (25%) y el Ayuntamiento de Valladolid (25%), y acusa al PP municipal de haber "engañado a la ciudadanía", al seguir con la defensa pública del proyecto en dos campañas electorales pese a que "sabían que ya era inviable en enero de 2011":

 

El PSOE atribuye "toda la responsabilidad política" del fracaso del proyecto, en lo que respecta al ámbito municipal, ya que durante doce años, desde la firma del convenio "hasta que la Sociedad no pudo hacer frente al pago de su deuda de más de 400 millones de euros en 2015", todos los representantes del Ayuntamiento pertenecieron al PP y por tanto.

 

Cabe apuntar que cuando se dio a conocer esa imposibilidad de pagar la deuda, en diciembre de dicho año, ya gobernaba el actual equipo del PSOE y Valladolid Toma la Palabra, el que rechazó asumir su parte de responsabilidad en la deuda.

 

Según el portavoz municipal, Pedro Herrero, la llegada a la alcaldía del gobierno que dirige Óscar Puente ha sido la que ha permitido "sacar a la luz la verdad y conocer mucha información sobre la operación que el PP ocultó deliberadamente a la ciudadanía de Valladolid, ya que ésta no estaba sujeta a ningún tipo de confidencialidad, como aseguraba el PP cuando gobernaba", algo que también considera que ha quedado demostrado en la propia Comisión.

 

Herrero ha recalcado que la constitución de este órgano fue respaldada por todos los Grupos políticos salvo el PP, que se abstuvo ya que las otras formaciones rechazaron su propuesta de Comisión, pero no encabezada por su actual presidenta, la concejal de Sí Se Puede, Charo Chávez.

 

'COMFORT LETTER'

 

Herrero ha subrayado que, "de todo lo que fue ocultado a la opinión pública" lo más grave fueron "las famosas cartas de conformidad", que ha incidido en considerar como "avales" que los socios tuvieron que aportar para cubrir los posibles impagos por parte de la Sociedad. Asimismo, ha recordado que León de la Riva las firmó "por su cuenta" y que tanto él como los exediles del PP Alfredo Blanco y Manuel Sánchez han tenido que sentarse en el banquillo y siguen pendientes del recurso del Ministerio Fiscal contra las absoluciones.

 

Herrero ha incidido en que ese "aval" era "una gran amenaza", puesto el Ayuntamiento no podía asumir los "más de 100 millones" de euros.

 

Para los socialistas resulta incuestionable que León de la Riva, que "actuó de forma claramente negligente, con alto nivel de ligereza y despreocupación", sin que haya podido demostrarse su "intención torticera de perjudicar deliberadamente al Ayuntamiento", tal y como el PSOE ha recordado que sentenció la Audiencia provincial del pasado 30 de julio.

 

En el informe de conclusiones de su Grupo, Herrero también compara la actitud "cobarde" del exalcalde con la "responsable" con la del actual regidor Óscar Puente, quien "se ofreció a declarar en la Comisión antes de que ésta le convocara y como finalmente hizo hasta contestar todas las preguntas", mientras que León de la Riva, ha dicho, "ni siquiera se dignó en contestar a la petición que se le envió ni tampoco ha hecho ademán de hacerlo una vez terminado el juicio".

 

Tras 12 meses de análisis de documentación y comparecencias, los socialistas no dudan en acusar al PP de "haber jugado con las ilusiones de toda una ciudad durante 12 años" aportando una retahíla de "promesas incumplidas y contextualizado lo que denominan el mayor engaño de la historia de Valladolid" en el marco de la política urbanística de los Populares.

 

Según Herrero, los "objetivos prioritarios" del PP en el Ayuntamiento en materia urbanística fueron la "especulación pura y dura", por lo que las conclusiones recuerdan casos como los pisos en la parcela de Ebro o la desechada área homogénea de Valdechivillas.

 

En la reunión de este miércoles, ha explicado Chávez, se presentarán las conclusiones preliminares de cada grupo y se producirá un debate para ver si es posible un dictamen único de los grupos, que sería "lo ideal", pero ha matizado que "habida cuenta de la diversidad" de enfoques, no habrá acuerdo y se tendrán que llevar al Pleno municipal conclusiones individuales de cada formación.