Confirmada también la imputación de Antonio Bernardo Samaniego por parte de la Audiencia de Valladolid

Jesús Verdugo (izq.) y a su lado Antonio Bernardo Samaniego. E.P.

Una vez ratificadas las cuatro imputaciones, se está a la espera de que Instrucción 4 abra plazo para calificar los hechos.

La Audiencia de Valladolid ha confirmado también la imputación del expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, por su implicación en el denominado 'Caso Samaniego' que ha supuesto sobrecostes por importe de 2,4 millones de euros para el Ayuntamiento de la capital en el periodo 2000-2014 como consecuencia de las numerosas obras adjudicadas a empresas del grupo familiar del entonces jefe de Mantenimiento.

 

El pasado mes de diciembre la Audiencia Provincial ya desestimó los recursos interpuestos por el hoy exresponsable de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, su hijo Luis Javier y el contable del grupo de empresas de la familia, Miguel Ángel Rodríguez Patín, ratificando así el auto de imputación del Juzgado de Instrucción número 4, de fecha 26 de junio de 2017, a la vez que confirmó la decisión de la juez instructora de estimar la petición del Ayuntamiento -a ella se adhirió el Ministerio Fiscal- de incorporar a la causa el caso de dos trabajadores del grupo de empresas de los Samaniego que cobraban del Consistorio.

 

Faltaba por resolver un cuarto recurso, en este caso el interpuesto por Antonio Bernardo Samaniego, primo del principal implicado, si bien su intención de solicitar el archivo del caso respecto de su persona ha corrido la misma suerte que la de los anteriores -el auto desestimatorio lo notificó la Audiencia el pasado día 5 de enero-, de forma que el recurrente compartirá banquillo con los otros tres, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

La resolución de la Audiencia de Valladolid, contra la que no cabe recurso, ratifica así la continuación de la tramitación de las presentes diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado por delitos continuados de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.

 

Así, las mismas fuentes apuntan que se está a la espera de que el Juzgado de Instrucción 4 abra plazo para que las distintas partes personadas en el procedimiento elaboren sus respectivos escritos de calificación provisional de los hechos y, en el caso de los acusadores, soliciten las penas correspondientes.

 

En el auto ratificado figuran como imputados el que fuera jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de la capital, Luis Alberto Samaniego, su hijo Luis Javier, el primo del primero y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín.

 

El procedimiento obedece a los supuestos sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.

En el relato de hechos presuntamente delictivos, la juez recuerda que Luis Alberto Samaniego, desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras, formalizó en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

 

Y ello, como así advierte el auto judicial, "a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba, y sin poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia, y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar", a lo que la juez del caso añade que en unos casos las facturas hacían referencia a trabajos ni siquiera ejecutados, en otros casos a obras efectuadas por funcionarios municipales y en otros a tareas que no se correspondían con las realizadas.

 

"Se trata de una actividad delictiva organizada y continuada en el tiempo en la que hubo una confusión total porque había trabajadores del grupo de empresas de los Samaniego que acabaron cobrando también del Ayuntamiento", apuntó entonces el responsable de los servicios jurídicos municipales, Rafael Guerra.