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CCOO comunica al Ministerio de Justicia los "graves problemas" de la plantilla en Valladolid

CCOO considera que la digitalización forzosa de las sedes judiciales iniciada en 2016 está muy lejos del objetivo de reducir los tiempos y agilizar los procedimientos.

El Sector de Justicia de Comisiones Obreras en Valladolid ha puesto en conocimiento este jueves de la directora general de Modernización del Ministerio del ramo y el subdirector general de Nuevas Tecnologías, con los que se ha reunido, de los "graves problemas" que padece la plantilla en la provincia.

 

CCOO considera que la digitalización forzosa de las sedes judiciales iniciada en 2016 está muy lejos del objetivo de reducir los tiempos y agilizar los procedimientos. El sindicato ha remitido multitud de escritos e informes al Ministerio haciendo referencia a las cada vez más evidentes y justificadas protestas del personal de los órganos judiciales por el mal funcionamiento de los sistemas informáticos.

 

Su respuesta en todo este tiempo transcurrido ha sido siempre la falta de autocritica y las vagas intenciones de rectificar.

 

"Si bien es cierto que hay que reconocer que ha habido avances y mejoras, también cierto es que impera una alarmante lentitud de los sistemas y aplicaciones que, en el día a día, nos desborda y desespera", manifiesta el delegado de Comisiones Obreras, Raúl Franco Blanco.

 

El objetivo del plan 'papel cero' no era otro que eliminar el papel de los órganos judiciales y fiscales. Este paso en el proceso de modernización de la justicia no está teniendo los resultados esperados, a juicio de CCOO, que añade que en la actualidad se gasta y consume más en papel y en tóner que antes del inicio de este proyecto.

 

SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL ÚNICO

 

Por ello, sostiene que la justicia digital debió implantarse con tiempo, sin plazos, y no como se ha realizado: mediante la imposición y sin negociación de las condiciones laborales. Es necesario un sistema de gestión procesal único para todo el Estado, siendo necesario más formadores, más formación y más informáticos.

 

Y por todo ello, fue la ciudad de Valladolid la que inició en marzo de 2017 las movilizaciones por una justicia digital con más y mejores medios, extendiéndose este proceder, como la pólvora, por el resto del territorio que gestiona el Ministerio.

 

Comisiones Obreras ha hecho mención en la reunión de otros numerosos aspectos. Así, sobre la fiscalía digital, ha recordado que Valladolid fue ciudad piloto y que su trabajo en la mejora de la implantación de las nuevas tecnologías en la fiscalía no ha sido reconocida por el Ministerio, manifiesta el delegado de CCOO, Raúl Franco.

 

Sobre la nueva oficina judicial y fiscal, desde CCOO advierten de que no permitirán, cuando llegue el momento de su implantación real, que se realice la misma con prisas, "como ha ocurrido en la vecina Palencia; sin la suficiente información, ni formación, y que tras ocho meses de su puesta en marcha se estén rectificando ahora errores producidos que no se quisieron atender en sus principios". A Valladolid se estima que no llegará ni a corto ni a medio plazo.

 

Comisiones Obreras ha manifestado a los responsables ministeriales que la puesta en funcionamiento de la nueva oficina fiscal en Valladolid, que se produjo el pasado 29 de enero, tras meses de retraso, se realizó sin ningún tipo de información a las organizaciones sindicales; así mismo, también ha hecho saber que la ubicación física de la Fiscalía de Valladolid no tiene calificativo.

 

MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES

 

El delegado de CCOO en Justicia ha recordado también a los cargos ministeriales distintos aspectos fundamentales que deben cumplirse para conseguir esa modernización de la Administración de Justicia, relativos a las condiciones laborales de los profesionales que la integran.

 

Así, hace referencia a la recuperación del recorte de los salarios que se "perpetró" en mayo de 2010, con una media del 5% de hachazo a las nóminas; la subida del complemento específico en todos cuerpos del ámbito no transferido en la cantidad de, al menos, 300 euros mensuales; el reconocimiento de la carrera profesional horizontal; determinar de forma negociada el reparto de los fondos adicionales para la Administración de Justicia; la eliminación de los grupos de población en el Complemento General del Puesto; la extensión del complemento de productividad a todos los cuerpos funcionariales, así como el incremento de los fondos de acción social y de las prestaciones de la Mutualidad General Judicial.

 

También se ha planteado la mejora de las instalaciones y edificios judiciales de Valladolid, "donde se incumplen con creces las exigencias en materia de seguridad y salud laboral", al tiempo que se ha exigido a un cambio del sistema de guardias para implantar la de 72 horas en el partido judicial de Valladolid, así como una actualización de las retribuciones que se perciben.

 

Sobre el Registro Civil han solicitado una defensa del mismo como servicio público, gratuito, cercano a la ciudadanía, servido por funcionarios de la Administración de Justicia, recuperándose competencias que han sido atribuidas a operadores jurídicos externos.

 

NUEVOS ÓRGANOS JUDICIALES

 

También han trasladado la necesidad de la creación de nuevos órganos judiciales para Valladolid, como la puesta en marcha de un auténtico Servicio Común de Registro y Reparto, y la necesidad de la creación de varios juzgados como el de lo Penal nº 5, el de Primera Instancia nº 16, especializado en Familia, y el de Instrucción nº 7.

 

"Y de forma imperiosa, la necesidad de la puesta en marcha del futuro Campus de la Justicia, con dotación de partidas presupuestarias para llevarle a cabo. Para ello se antoja vital un acuerdo entre Ayuntamiento y Ministerio de Justicia que ponga fin a la dispersión de sedes en la ciudad de Valladolid, algo que sufrimos en primera instancia los profesionales de la Administración de Justicia, pero también la ciudadanía de la capital y provincia", sostiene Raúl Franco.

 

Respecto a los Juzgados de Paz, desde CCOO han solicitado que se controle los gastos de las subvenciones concedidas a los ayuntamientos para la dotación de medios materiales a los Juzgados de Paz y Agrupaciones, para que las mismas sean destinadas a este fin.

 

Así mismo Comisiones Obreras ha hecho hincapié en la necesidad de refuerzos de plantilla en las oficinas judiciales, que se cubran las plazas de peritos judiciales vacantes, así como las de todo el personal laboral. También que se potencie la figura de los equipos psicosociales y de la oficina de víctimas.

 

"Y por reiterativa, no es menos necesario el poder contar con instalaciones suficientes para los archivos judiciales. Pero ante todo, CCOO ha reclamado más información y transparencia en la gestión de la Administración de Justicia", concluyen.

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