'Caso Zambrana': Los tribunales ratifican que el Ayuntamiento debe expropiar la parcela por 20 millones

Imagen de los componentes de la Comisión de Investigación abierta por el 'caso Zambrana'. BORIS GARCÍA

Los intereses generados en los últimos meses elevan en unos 700.000 euros más los 19,6 millones iniciales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima el recurso del Ayuntamiento de Valladolid.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Valladolid contra la sentencia que le obligaba a expropiar una parcela situada junto al Centro de Menores Zambrana y al nuevo Hospital Río Hortega, por lo que deberá pagar a la Comunidad de Herederos de J. Puentes una cantidad que ya supera los 20 millones de euros, según ha podido saber Europa Press en fuentes jurídicas.

 

Dicho recurso fue interpuesto por el Consistorio vallisoletano en enero de 2014 ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la ciudad, que obligaba a llevar a cabo la expropiación como consecuencia de la negativa del Ayuntamiento a pagar el justiprecio establecido en junio de 2012 por la Comisión Territorial de Valoración (CTV), valorado a petición de la familia, que estaba amparada por la figura de expropiación por ministerio de la Ley.

  

El Consistorio alegó con el fin de revocar la sentencia y confirmar la legalidad de dos acuerdos de la Junta de Gobierno municipal de febrero y abril de 2013 mediante los cuales se desestimaba la solicitud que habían presentado los herederos para que se les pagara el justiprecio fijado por la resolución de la CTV, 16,77 millones de euros.

  

La última resolución judicial desestima dicho recurso porque el Ayuntamiento basa sus argumentos en "la inviabilidad o improcedencia de la expropiación ministerio de la ley", algo que considera que "no puede ser alegado" por una administración que "consintió el justiprecio" en el año 2012 y no formuló un alegato contrario al mismo durante los seis meses de plazo que existían para impugnar el acuerdo.

  

La trayectoria administrativa de estos terrenos de la Finca Zambrana se remonta al año 1943, cuando el Ayuntamiento los expropió. En sus proximidades, con el paso de los años se han construido instalaciones como el Centro de Menores Zambrana y el nuevo Hospital Del Río Hortega.

  

En 2007, al quedar esta parcela sin edificar y después de un largo proceso litigioso iniciado en 1998, los herederos obtuvieron la reversión de la parcela previo pago de una cantidad, según fuentes de la familia, de 4,5 millones de euros, e iniciaron una serie de escritos con el Consistorio para reclamar al mismo el cambio de la calificación urbanística de los terrenos, de suelo de sistemas generales a residencial y, finalmente, optaron por acudir a la expropiación por ministerio de la ley.

  

El Juzgado vallisoletano estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Herederos contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento por el que se denegó la iniciación del expediente expropiatorio en el que la Comisión Territorial de Valoración de Valladolid fijaba el justiprecio de los terrenos en 16,77 millones de euros.

  

De hecho, existe otro pleito pendiente de resolver en el que la familia propietaria de la parcela reclama una cantidad de 96 millones de euros, de acuerdo con una valoración de los terrenos "según precio de mercado".

 

INCREMENTO DE LOS INTERESES

  

Además de los 16,77 millones, se condena al Consistorio a abonar esta cantidad a los propietarios, así como el 5 por ciento de la cantidad --838.716 euros-- en concepto de 'premio de afección' y de los intereses devengados, que la sentencia de diciembre de 2013 elevaba a 1,99 millones de euros y que, según han señalado fuentes de la familia, aumentarían en otros 700.000 euros por la demora de estos once meses.

  

Con todo ello, el Ayuntamiento tendría que abonar a los demandantes una cifra cercana a los 20,3 millones de euros a cambio de esta parcela de 53.000 metros cuadrados. El Alto Tribunal recuerda en la sentencia que ante esta resolución ya no cabe recurso.

  

En la sentencia inicial, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 explicaba que el Ayuntamiento no entendió como reclamaciones los escritos presentados por los propietarios de la parcela durante los años 2010, 2011 y 2012 para que se accediera a iniciar el expediente de expropiación.

  

De hecho, se señalaba que los demandantes advirtieron en esos escritos de la intención de iniciar el expediente de expropiación por ministerio de la Ley y que, tras no obtener respuesta, elevaron el asunto a la Comisión Territorial de Valoración, que fijó el justiprecio que no fue recurrido por el Ayuntamiento de Valladolid, por lo que se trata de un acuerdo "firme".

  

Según la sentencia, el Consistorio debería haber formulado un alegato impugnando el acuerdo de junio de 2012 que fijaba el justiprecio para lo que contaba con un plazo de unos seis meses, que finalizó el 21 de diciembre de dicho año.

 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

  

Cabe recordar que, como consecuencia de esta sentencia, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, decidió crear, con el consenso de los tres grupos políticos municipales, una Comisión de Investigación para analizar las gestiones que realizó el Ayuntamiento durante los seis años en los que se ha mantenido activo este pleito. De hecho, este órgano estuvo presidido por el concejal del PSOE Óscar Puente.

  

Sin embargo, el trabajo en la citada comisión dejó ver pronto que no existía acuerdo entre los grupos pues, en primer lugar existieron discrepancias sobre la transcripción en las actas de la intervención de la actual concejal de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, quien según el portavoz de IU, Manuel Saravia, reconoció que se informó al alcalde en varias ocasiones sobre las reclamaciones de la Comunidad de Herederos, mientras que en la transcripción se incluía un "no lo recuerdo bien" que no aparecía en la grabación de la sesión.

  

A finales del pasado mes de abril, las conclusiones de la Comisión se aprobaron con los votos favorables de la mayoría absoluta del Grupo Popular y establecieron que "no se puede derivar algún tipo de responsabilidad política" en el "éxito provisional y parcial" de las pretensiones de los propietarios de la misma.

  

En cambio, mientras Izquierda Unida reclamó directamente la dimisión tanto del alcalde como de los dos ediles que se han encargado del área de Patrimonio en los últimos siete años --Manuel Sánchez y la propia Vidal, el PSOE exigió al alcalde que cesara a ambos o, en caso contrario, dimitiera él mismo.

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