Caso PGOU: Lara cree que asuntos que tramitaba la Secretaría de Urbanismo iban por "la vía de alta velocidad"

E.P.

El responsable de la empresa consultora recuerda que la instrucción de coordinar los trabajos con Mezquita fue iniciativa suya.

El exconcejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid José Luis Lara ha compartido este lunes en el juicio sobre el 'caso PGOU' su "percepción" de que en la época en la que se elaboró dicha normativa "había expedientes que iban a un ritmo" y otros, que tramitaba la Secretaría Ejecutiva de Urbanismo, "iban a un ritmo más acelerado", lo que él definía irónicamente como "la vía de alta velocidad".

 

Lara ha sido uno de los testigos que han comparecido en la cuarta jornada del juicio por el denominado 'caso PGOU', en el que el exconcejal José Antonio García de Coca y otros tres integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid, el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, por supuesta alteración fraudulenta el PGOU con el fin de favorecer a un grupo de promotores urbanísticos.

 

Como novedad, en esta sesión han comparecido los primeros testigos que fueron integrantes de la Corporación municipal en el mandato en el que se aprobó definitivamente el PGOU: el 'popular' Tomás Punzano y el socialista José Luis Lara, quien ha recordado los debates en sede municipal sobre este asunto y ha refrendado su impresión de que determinados asuntos de urbanismo se tramitaban más rápido que otros.

 

El abogado de la acusación particular le ha preguntado por una declaración previa en la fase de Instrucción en la que el exconcejal socialista afirmó que determinados asuntos que tramitaba "un grupito de personas bajo la hégira del concejal" José Antonio García de Coca iban a "un ritmo más alto" que otros del Área, a lo que el testigo ha explicado que se refería de manera irónica como "la vía de alta velocidad".

 

Lara ha apuntado, además, que entendía que esos asuntos correspondían a la Secretaría Ejecutiva de Urbanismo y en ella ubicaba a uno de los encausados, el arquitecto Luis Álvarez Aller.

 

Sin embargo, a continuación ha comparecido como testigo al funcionario que fue jefe de la Secretaría Ejecutiva de Urbanismo, quien ha asegurado inicialmente que no recordaba específicamente el cargo que tenía Álvarez Aller, pero no estaba en esa Secretaría, aunque finalmente ha apuntado que el ahora encausado trabajaba como coordinador técnico del Área, dependiente de la Dirección del Área que ejercía el también acusado Modesto Mezquita.

 

La Secretaría Ejecutiva, ha precisado el testigo, era un órgano "un tanto transversal" e "independiente" aunque también tenía como superior al director del Área, quien ha recordado que ejercía la dirección "jurídico-técnica" en la Concejalía.

 

Eso sí, el testigo ha precisado que los trabajos que realizaba eran "informes de tramitación" que le remitía la Dirección del Área y él firmaba. También ha apuntado que de los aproximadamente 19 planos y artículos del PGOU que están bajo sospecha de modificaciones irregulares, él solo tramitó tres expedientes -avenida de Madrid km. 185, Arca Real y Harinera la Perla-.

 

Por asignación de funciones, el cargo de jefe de la Secretaría Ejecutiva implicaba ejercer como secretario en la Comisión municipal de Urbanismo, por lo que este testigo firmó las resoluciones relativas al PGOU en este órgano. Especialmente, se le ha preguntado por la reunión del 25 de noviembre en la que se pronunciaban sobre el texto refundido del PGOU, ya incorporando las correcciones que había solicitado la Consejería de Fomento.

 

POLÉMICA EN LA COMISIÓN Y EL PLENO

 

Tanto a este testigo como a José Luis Lara y a Tomás Punzano se les ha preguntado por la polémica que se dio en cuanto al trámite concreto. Así, se ha constatado que en esa Comisión el interventor planteó que, mejor que una simple dación de cuenta del traslado de la documentación a la Junta, procedía aprobar que los miembros habían "prestado conformidad" a ese trámite.

 

Sin embargo, como ha apuntado Lara, en el Pleno municipal del 15 de diciembre al que se llevó ese asunto y en el que, tras la intervención del entonces alcalde, Javier León de la Riva, se tomó el acuerdo de que los concejales de la Corporación "quedaban enterados" de que el documento existía y de que se daba traslado a la Junta.

 

José Luis Lara también ha recordado las quejas que transmitió en dicho Pleno, y en muchas otras ocasiones referidas a numerosos trámites, sobre el escaso tiempo que se daba a los concejales de la oposición para estudiar la documentación.

 

Otro de los testigos ha sido el que fuera responsable de la empresa Inzamac, que se encargó de las labores de Consultoría y asistencia técnica del PGOU. El exdirectivo, que ha comparecido vía vídeoconferencia desde Brasil, ha dejado claro que todas las modificaciones que realizaron sobre el documento fueron por indicación del personal del Ayuntamiento, bien sean concejales, Dirección del Área o el equipo de técnicos. "No hicimos cambios por iniciativa propia", ha subrayado.

 

El abogado de la acusación particular le ha preguntado por un email en el que personal de Inzamac señalaba que se les había solicitado "centralizar" las conversaciones sobre el PGOU con el director de Área, Modesto Mezquita, el exdirectivo ha indicaba que recuerda que esa decisión fue iniciativa de la propia empresa.

 

"Era un momento -la última fase para completar la aprobación definitiva- en la que llegaba mucha documentación a través de faxes y correos y llegaron cosas directamente de técnicos, por lo que queríamos centralizar la producción y preferimos que todo pasara por la Dirección del Área", ha explicado.

 

El exdirectivo también ha señalado que el arquitecto municipal fallecido Carlos Cándido Fraile tuvo un papel "especialmente activo" en los trabajos del PGOU.

 

Por otra parte, otra testigo, arquitecto del Área de Urbanismo, ha apuntado a preguntas del abogado defensor de García de Coca que, con la entrada en el cargo del encausado, en su departamento "no se produjeron cambios" en la manera de trabajar y que no recuerda si algún técnico fue apartado de determinados expedientes.

 

En el juicio, la Fiscalía solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso para 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 para puestos relacionados con su actividad profesional.

 

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que a Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

 

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación Vecinal 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años. No pide pena para José Luis Cerezo Bada.