Caminero acepta una multa de cerca de 20.000 euros para eludir los cuatro años de cárcel que pedía el Fiscal

Caminero, a la entrada al Juzagado.

El resto de acusados de Valladolid también han pactado sus condenas. 

El exfutbolista del Real Valladolid y Atlético de Madrid, José Luis Pérez Caminero, ha aceptado este lunes una pena de multa de casi 20.000 euros al sustituirle el tribunal la condena de cuatro meses de cárcel impuesta por un delito imprudente de blanqueo de capitales tras alcanzar un acuerdo de conformidad ante el reconocimiento de los hechos.

 

Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que la rebaja sustancial de penas -el fiscal pedía para Caminero cuatro años de cárcel- se debe a la atenuante de dilaciones y al aplicar a muchos de los acusados el subtipo de imprudente al delito de blanqueo, es decir, que supuestamente no conocían que el origen del dinero era ilícito.

 

El actual director deportivo del Málaga CF se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid junto a otras trece personas por blanquear dinero procedente del narcotráfico. En 2009, Caminero fue detenido en la glorieta madrileña de Rubén Darío cuando transportaba 58.000 euros en billetes de 500.

 

Frente a los cuatro años de cárcel que pedía el fiscal, el acuerdo de condena ha quedado en cuatro meses de cárcel al aplicarse una atenuante de dilaciones indebidas dado que los hechos se produjeron hace casi diez años. Pero tras la petición de su abogado de sustituir la pena por multa, el tribunal ha aceptado la solicitud.

 

De este modo, se ha pactado una multa a razón de 8 meses por cuota diaria de 10 euros, que alcanza los 2.400 euros. También se le impone una multa de 17.237 euros, en concepto de indemnización, y el decomiso del dinero intervenido.

 

El resto de acusados de Valladolid también han pactado sus condenas con los mismos atenuantes que en el caso del ex futbolista aunque las penas sean distintas.

 

De igual modo, otros abogados defensores han pedido la sustitución de la pena de cárcel por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, aceptando el tribunal tales peticiones. Muchos de los abogados han alegado que sus clientes son insolventes, reclamando trabajos en beneficio de la comunidad.

 

Para los presuntos cabecillas, la pena se había quedado en 18 meses de prisión frente a los seis años de cárcel que se solicitaba inicialmente. Sin embargo, ha sido sustituida por multas de diferentes cuantías.

 

HECHOS JUZGADOS

 

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Eduardo H.J. utilizaba una joyería, que él mismo regentaba en el madrileño distrito de Usera, como centro de recepción del dinero que unas organizaciones colombiana y mexicana obtenían del tráfico de cocaína.

 

El procesado utilizaba dicho local comercial como centro de entregas del dinero, que se realizaban en la trastienda de la joyería, acudiendo al local numerosas personas no identificadas que portaban bolsas de plástico con el dinero en efectivo.

 

Una vez en el establecimiento, Francisco, colaborador inmediato y directo de Eduardo, se hacía cargo de él y contactaba con otros procesados para sacar el dinero en sacas o bolsas grandes de plástico, después de canjearlo. 

 

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado intervinieron a los distintos implicados una cantidad total que ascendía a 1.854.550 euros.