Asaja pide a PP y Cs que no incluyan al Itacyl en los entes públicos cuya continuidad se cuestiona

Que no desaparezca pero que se revise lo que no que no funciona. 

La organización agraria Asaja de Castilla y León pide al equipo de gobierno de la Junta de Castilla y León, constituido por Partido Popular y Ciudadanos, que no incluyan al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) entre los entes del sector público cuya continuidad va a ser "cuestionada" por una comisión específica y reclama que destinen "sus esfuerzos" a "revisar" lo que "no funciona".

 

El Itacyl responde "en todo momento" a los objetivos para los que fue creado, que es la de "dar más agilidad" que la que puede proporcionar la estructura funcionarial de la Administración a la ejecución de ciertas competencias en materia de política agraria.

 

"Competencias como la ejecución de infraestructuras agrarias, entre ellas el desarrollo y modernización de regadío; los proyectos de I+D+I vinculados al campo, y los controles de calidad agroalimentaria, están siendo ejercidas con indudable eficacia y rigor presupuestario", ha apuntado la organización agraria.

 

Asimismo, ha aseverado que la administración debe "evitar duplicidades" entre las funciones del Itacyl y las competencias de algunos de sus servicios que "sigue manteniendo sin una explicación convincente", como es el caso de la ejecución de determinadas concentraciones parcelarias.

 

Igualmente, Asaja ha incidido en que las razones que se expusieron en para que las Cortes de Castilla y León aprobasen por ley la creación del Itacyl continúan "vigentes".

 

De este modo, ha reclamado a PP y Cs que "destinen sus esfuerzos a revisar lo que no funciona" y que pongan medidas para mejorarlo, en vez de "cuestionar lo que sí funciona", lo que "desmotiva" a quienes trabajan "con más entrega y peores sueldos que los políticos que toman las decisiones".

 

En este sentido, Asaja ha solicitado a sendos partidos que revisen el convenio firmado con las tres Universidades de Castilla y León para la contratación de los agentes de innovación tecnológica, con un gasto de 4,5 millones de euros, "contratando personal externo para labores que son propias del funcionariado de la consejería de Agricultura".

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