Antonio Gato no estaba obligado a abstenerse en la firma de un contrato laboral temporal de su cuñada

Antonio Gato, ex concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Valladolid.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha estimado el recurso interpuesto por el ex concejal de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid anulando el acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de enero de 2019 por el que se declaró el incumplimiento del deber de abstención en la firma del decreto de contratación laboral temporal de su cuñada y se le sancionó con la publicación del acuerdo en el BOP.

El Juzgado condena asimismo al Ayuntamiento de Valladolid a publicar en el Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid la parte dispositiva o fallo de la sentencia dictada.

 

La sentencia, tras realizar un pormenorizado relato de los hechos, analiza de forma exhaustiva en su fundamento de derecho Tercero qué tipo de participación o intervención tuvo el concejal en el proceso selectivo para determinar si concurría o no causa de abstención que determinara que el no hacerlo podría comprometer los requisitos impuestos por la ley vigente.

 

Queda así probado que la iniciativa de las tres contrataciones (un economista y dos ingenieros para realizar tareas mediante contrato de obra o servicio, tareas de apoyo al proceso de remunicipalización de la gestión del agua en la ciudad de Valladolid), parte de una concejalía distinta a la que dirige en concreto la Concejalía de Medio Ambiente, que es la que también propone la duración prevista de los contratos, su modalidad y funciones, el perfil profesional requerido, la forma de selección de candidatos mediante oferta genérica de empleo al ECYL, la composición del Órgano de Selección y las pruebas selectivas a efectuar.

 

Realiza también la sentencia una valoración del proceso selectivo afirmando que fueron elegidos quienes de forma objetiva superaron las pruebas y obtuvieron mayor puntuación, respetándose siempre en todo el proceso los principios de mérito y capacidad.

 

Afirma asimismo que fue el Órgano de Selección, por unanimidad de sus miembros, el que determina quienes son los aspirantes que han superado el proceso de selección y efectúa la propuesta de contratación, proceso en el que el concejal Antonio Gato no tuvo ningún tipo de intervención ni participación

 

“Su firma o ratificación fue meramente formal, sin ningún tipo de afectación al contenido de la decisión administrativa, que fue realmente tomada por el Órgano de Selección con propuesta del Subdirector del Departamento de Gestión de Personal". Se trata de una era validación sin afectación, por lo que considera la Magistrada-Juez que, en este caso concreto, y valorando en conjunto todas las circunstancias concurrentes, "el actor (concejal) no es merecedor de una sanción por incumplimiento del deber de abstención” y que “el actor por el mero hecho de firmar la citada Resolución o Decreto, no puede considerarse que incurrió de forma objetiva en una infracción tipificada en el art 29.2.b) de la Ley de Trasparencia”.

 

En su fundamento de derecho Cuarto, la sentencia establece el alcance y la naturaleza del deber de abstención de los concejales regulado en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, resaltando como principios rectores de la misma los de integridad, honestidad, imparcialidad, objetividad, entre otros. También establece que el deber de abstención va dirigido a garantizar que no se produzca la influencia de intereses personales y/o familiares de los altos cargos mencionados en su ámbito de aplicación, así como a la satisfacción del principio constitucional de objetividad e imparcialidad.

 

Continua este fundamento de derecho cuarto de la sentencia que los Concejales integrantes de la Junta de Gobierno están rigurosamente sometidos al genérico deber de abstención, que deberá ser apreciado caso a caso en función del contexto concreto, y que garantiza que no se tomen decisiones que puedan beneficiar a determinados familiares o a determinados intereses solo por el hecho de ejercer las funciones públicas desde el puesto de concejal.

 

Esto significa que ninguna persona por tener un vínculo familiar con un Concejal de un Ayuntamiento pueda recibir un beneficio o un trato de favor que no obtendría de no participar de esa familiaridad o que le coloque en una posición aún mínima de privilegio por encima del resto de la ciudadanía, y concluye que “pero esto no afecta ni concurre en el supuesto que aquí se está dirimiendo, pues la cuñada del concejal participó en proceso objetivo y de concurrencia competitiva, superó las pruebas selectivas por sus propios méritos sin que este proceso tuviera ninguna participación ni intervención ni influencia el concejal afectado, que se limitó a ratificar con su firma la decisión tomada, en puridad hubiera sido más saludable no haber firmado, pero se considera que analizando de manera pormenorizada este caso concreto, la firma no tiene entidad suficiente como para justificar la comisión de la infracción imputada”.

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