Agredir a un funcionario de prisiones será castigado con hasta cuatro años de cárcel

Cárcel de Soto del Real (Madrid)

Las agresiones contra los trabajadores públicos de Instituciones Penitenciarias serán castigadas con hasta cuatro años de cárcel después de que el Gobierno haya accedido a incluir a estos funcionarios en el protocolo para la Administración General del Estado en vigor desde noviembre de 2015.

El acuerdo, según ha explicado CSIF, se sellará este martes en la Mesa General de la Administración General del Estado, contando también con el respaldo de UGT. El director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, anunció el 27 de abril en su comparecencia en el Congreso que había un preacuerdo en este sentido.

"Los episodios de violencia en las cárceles y el déficit de medios personales y materiales han dado fruto y el protocolo en las prisiones será una realidad", ha asegurado en un comunicado CSIF, que sostiene que en los últimos diez años se han registrado más de 2.000 agresiones en centros penitenciarios.

El grupo parlamentario de Ciudadanos llevó al Congreso esta demanda ante la "preocupante ola de agresiones" que sufren los funcionarios de las prisiones españolas. Ángel Yuste, por su parte, defendió en la Cámara Baja que la intención de Interior es "homologar un material de alta calidad que permita la adecuada intervención de los funcionarios en situaciones críticas". "La cárcel", recordó, "es un mundo de conflicto aquí y en toda Europa".

El director de Prisiones sostuvo que el ratio interno-funcionario se sitúa en el 2,19%, "uno de los mejores de la historia habida cuenta de que hay 23.649 trabajadores y una población reclusa de 51.793. Este sentido, apuntó que en la actualidad hay casi 14.000 internos menos que los que había en 2008-2009.

"Las agresiones a los funcionarios no han aumentado, otra cosa es que se haga un ejercicio más público de esa actividad o de cómo se producen esas agresiones", añadió Yuste en una comparecencia en la que anunció la incorporación de 645 nuevos funcionarios, lo que permitirá abrir los centros de Archidona-Málaga II y de Ceuta.