Abogados vallisoletanos recuerdan que el fin del Estado de Alarma supone la recuperación de derechos fundamentales
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Abogados vallisoletanos recuerdan que el fin del Estado de Alarma supone la recuperación de derechos fundamentales

Sergio Castro y Sandra Pacho, abogados de la ciudad, despejan las dudas legales que pueda tener la ciudadanía con el fin del Estado de Alarma.

A partir de la madrugada del sábado al domingo 9 de mayo, todas las limitaciones impuestas por el Estado de Alarma en Castilla y León se dan por terminadas, incluyendo la eliminación del toque de queda o la restricción de movilidad de los ciudadanos. De esta manera, los vallisoletanos van a poder recuperar algunos de sus derechos fundamentales limitados con el Estado de Alarma.

 

Aun así, medidas como el uso de mascarilla van a seguir vigentes, porque como recuerda Sergio Castro, abogado de Valladolid, “el Estado de Alarma se termina pero el virus sigue estando con nosotros”.

 

A finales de marzo, el Gobierno aprobó una ley con la que se endureció el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas mayores de seis años en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

 

Castro lanza una pregunta, “¿hasta qué punto la obligación de llevar la mascarilla no supone una limitación del derecho a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución Española?”. Aclara que en situación de Estado de Alarma, el uso de mascarilla está justificado ya que es una medida de seguridad para la ciudadanía.

 

UN NUEVO COMIENZO

La abogada vallisoletana, Sandra Pacho añade que su uso seguirá siendo obligatorio hasta que “la población no esté vacuna, o al menos un alto porcentaje, como está sucediendo en otros países”.

 

Aclaran que con el fin del Estado de Alarma, los Cuerpos de Seguridad del Estado no van a poder multar a ningún ciudadano por motivos horarios o por cambiar de comunidad, aunque si lo podrán hacer por no utilizar mascarilla.  

 

En cuanto a otro posible toque de queda en Castilla y León, Pacho comenta que cualquier medida que restringa los derechos fundamentales deberá someterse a una aprobación judicial. Castro añade que el único instrumento con el que se puede imponer la limitación horaria es con la declaración del Estado de Alarma o con la renovación de la Ley de Seguridad de Salud Pública de 1986 con la que se permita a las autonomías tomar medidas restrictivas.

 

“Las comunidades autónomas deberán acudir al Tribunal Superior para pedir el toque de queda, implantando así el Estado de Alarma”, manifiesta Castro. Pacho ha recordado la situación vivida hace unos meses en Castilla y León cuando cambiaron el toque de queda a las 20.00 horas sin una aprobación judicial previa. Dicha medida fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia y las multas impuestas en esos meses no tenían ninguna validez legal.