Hay un grito que no es una cuestión de modales, sino una amenaza para la democracia, y lo es precisamente porque ya no lo parece. Se repite tanto que actúa como la contaminación: nadie la ve, pero todos la respiran.

"Pedro Sánchez, hijo de puta" ha sonado en el desfile del 12 de octubre, en estadios de Primera División y en las calles la noche en que España ganó el Mundial. En una manifestación en Tarragona, un niño muy pequeño lo llevaba escrito en una pancarta de letras de colores, hecha por él mismo, mientras su madre lo miraba con orgullo.

La novedad del grito es que ya no necesita motivo. Se lanza en cualquier parte, sin una queja concreta, sin una ley que reprochar ni una decisión que discutir. No acompaña a un argumento: lo sustituye. Ha dejado de ser una protesta, por zafia que fuera, para convertirse en un estribillo. Y un estribillo no se discute. Se corea.

Aristóteles explicó hace veinticuatro siglos por qué eso es grave. Distinguía entre la voz y la palabra. La voz, que compartimos con los animales, solo sirve para expresar placer o dolor. La palabra, propia del ser humano, sirve para discutir lo justo y lo injusto, y de esa discusión compartida, sostenía, nacen la casa y la ciudad. El grito de las gradas es voz en estado puro: el placer de gritar juntos y el desahogo de un rencor, sin nada que pueda rebatirse. Una democracia que cambia la palabra por la voz no se vuelve más apasionada. Se queda muda, aunque haga mucho ruido.

Y esa voz se hereda pronto. El niño de Tarragona no sabe quién es el presidente del Gobierno ni qué ha hecho. Aprende, en cambio, algo mucho más duradero: que al adversario se le puede decir cualquier cosa, que insultarlo en grupo es una fiesta y que los adultos lo aplauden. Antes de saber qué es un argumento, ya sabe que hay personas a las que no se les debe ninguno. Toda deshumanización empieza así, con una lección.

Ahí está el verdadero peligro. El insulto que no cesa no es un exceso de la democracia, sino una herramienta de quienes la quieren menor, y responde a la lógica de siempre del pensamiento reaccionario: un país partido entre la gente de bien y los traidores, un adversario convertido en una anomalía que no debería estar ahí. El 12 de octubre, junto al "hijo de puta", se corearon "traidor" y "a prisión". Cuando ese adversario gana unas elecciones, ya no ha ganado; ha usurpado. El "ilegítimo" se oía desde mucho antes; el "hijo de puta" le ha puesto música, y de ahí al "todo vale contra él" no hay más que un paso. La historia europea conoce bien ese camino: pocos regímenes autoritarios empezaron suprimiendo derechos; casi todos empezaron decidiendo quién no merecía respeto.

Ese guion no lo ha escrito la calle, que aprende de arriba. En noviembre de 2023, las cámaras captaron a Isabel Díaz Ayuso en la tribuna de invitados del Congreso diciendo "qué hijo de puta". Santiago Abascal ha preferido "mierda". En el banco azul tampoco faltan los desprecios. Y cuando LaLiga denunció los cánticos en sus estadios, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid respondió con una ocurrencia: cuando alguien grita el nombre del presidente, "ya hay tres palabras que resuenan en todas nuestras cabezas". Quien gobierna no está libre de culpa, porque devolver el desprecio no lo desactiva; lo legitima. Pero la oposición tiene una tentación mayor: puede incendiar sin tener que gobernar después sobre las cenizas.

El insulto tiene, además, una coartada. Igual que la extrema derecha se apropió hace tiempo de la palabra libertad, el grito reclama ahora para sí la libertad de expresión: quien lo grita dice ejercerla, y quien lo reprocha pasa por censor. Emilio Lledó, el filósofo que vivió la guerra siendo niño y ha dedicado su vida a pensar el lenguaje, lleva años recordando que la libertad de expresión no vale nada sin libertad de pensamiento, y lo ha dicho con una pregunta: "¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades?". Esa libertad existe para proteger la crítica más dura, la que más escuece a quien manda. No para blindar un desprecio que no dice nada.

Ni siquiera es rebeldía. El pensador británico Bertrand Russell resumió en 1951 su ética democrática en un decálogo liberal. Uno de sus mandamientos pedía encontrar más placer en el desacuerdo inteligente que en el acuerdo pasivo. El grito colectivo es exactamente lo contrario: un acuerdo pasivo disfrazado de rebeldía, en el que nadie discrepa de nadie y todos asienten a la vez. Su placer es el de la unanimidad, el más antiguo y el más barato de los placeres políticos.

Frente a esa unanimidad, la democracia necesita adversarios, gente con la que discutir hoy y volver a discutir mañana. El insulto fabrica enemigos, gente a la que no se le debe ni el saludo. Una campaña electoral en ese clima ya no enfrenta proyectos. Mide odios.

El grito es una vergüenza para cualquier ciudadano, piense lo que piense y vote a quien vote. La respuesta no puede ser la tibieza. Se debe criticar con dureza a quien gobierna, y con la misma dureza a quien aspira a hacerlo; pero la dureza de un juicio se mide por la calidad de sus razones, no por el volumen de su desprecio. Discutir con el adversario sin negarle nunca la condición de interlocutor no es una cortesía: es el fundamento de la libertad. Por eso la exigencia tiene que ser radical y empezar por casa: que los partidos aparten de sus listas a quien insulta, que sus líderes corten el grito en sus propios actos y no solo en los ajenos, que nadie lo celebre desde un escaño ni lo convierta en ocurrencia, que los medios dejen de servirlo como espectáculo. Quien calla porque le conviene ya ha elegido bando, y no es el de los demócratas.

Una democracia puede soportar casi todo: la crisis, el error, el gobierno al que no se ha votado. Lo que no soporta es que una parte de sus ciudadanos deje de considerar persona a quien piensa distinto. Ese día ya no se discute. Se señala. Y lo que viene después del señalamiento nunca ha sido una conversación.