Los jóvenes españoles quieren lo mismo que quisieron sus padres; lo que ha cambiado es que ya no creen que vayan a conseguirlo. Según el informe Life Aspirations 2026 de Ipsos, difundido en septiembre, el 64 % de los españoles asocia la vivienda en propiedad con el éxito en la vida. La generación Z, los nacidos desde 1996, comparte esa aspiración. Pero solo el 52 % cree que llegará a ser propietaria, y el 62 % se sentiría triste si no lograra estabilidad laboral, el doble que cualquier otra generación. Conviene no despachar estos datos con el reproche habitual a una juventud que lo querría todo. Lo que dicen es más sencillo y más grave: las aspiraciones siguen intactas, y lo que se ha roto es la confianza en alcanzarlas. 

Esa fractura obliga a volver sobre una pregunta que ninguna campaña electoral va a formular y que define a una sociedad más que cualquier elección: qué cosas no deben someterse al mercado. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa la contestó con audacia, y aquella respuesta no fue patrimonio de una sola ideología: la compartieron socialdemócratas y democristianos, convencidos de que hay bienes que solo existen si se construyen en común y que se deterioran en cuanto se someten al intercambio. Desde hace más de cuarenta años, Europa aprende a no formularla y cae en el error que Machado atribuía a los necios: confundir valor y precio. 

Aquel edificio, el Estado de bienestar, no fue un error; su fallo ha sido quedarse quieto. Nació para proteger frente a los riesgos de su tiempo, que eran la enfermedad, la vejez y el paro, y no ha sabido reconocer los del nuestro. Hoy hacen falta también un techo que no dependa de la renovación de un contrato y un trabajo que no se disuelva en una plataforma; un tiempo propio que la jornada no devore y una salud mental que no sea un lujo. Son las nuevas seguridades que el Estado debería conocer y cuidar. Donde no ha llegado, ha entrado el mercado, y las vende a quien puede pagarlas.

Para ocupar ese espacio, el mercado necesitó antes apropiarse de una palabra, libertad, y reducirla a un «cada uno a lo suyo». Pero la libertad que no depende del saldo bancario nació de lo común, y un puente lo explica mejor que cualquier teoría. El puente no pregunta a quien cruza de dónde viene ni adónde va; sirve igual al camión de reparto que al estudiante en bicicleta. Esa indiferencia es precisamente lo que el mercado no tolera. No lo derriba; hace algo más astuto: construye otro e instala un peaje. El derecho se vuelve servicio, y el ciudadano, cliente. Quien puede pagar empieza a creer que su carril es mejor, y quien espera en el gratuito, que la espera es culpa suya. Primero el peaje, luego la vergüenza. 

La vivienda es el tramo donde el peaje se ve con más claridad. Que los jóvenes sueñen con ser propietarios no es una claudicación: la propiedad es la única seguridad que se les ofrece. El alquiler social apenas llega al 1,5 % del parque, frente al 9 % de media europea, y donde el Estado no construyó, el negocio ocupó el sitio, también con pisos convertidos en alojamiento turístico. 

La aritmética parlamentaria y unas elecciones inminentes han convertido en munición de campaña lo que debería ser una cuestión de Estado, y los decretos de vivienda esperan ahora el voto de la Diputación Permanente. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, que cuenta entre sus socios con el fondo estadounidense Blackstone, pidió retirarlos con una frase que merece más atención de la que recibió: "El escudo social no puede ser el propietario". La frase encierra una verdad: el Estado ha fallado. Pero quienes la pronuncian extraen de ella la conclusión del peaje: que nadie más debe asumir obligación alguna. 

La salida es un parque público de vivienda del que respondan todas las administraciones, del Estado a los ayuntamientos. Levantarlo llevará años; hasta entonces, los préstamos sin intereses para la primera vivienda que incluye el nuevo decreto son una respuesta de urgencia: un puente provisional mientras se construye el definitivo.

El peaje opera igual en cada seguridad que el Estado ha dejado desatendida. En la sanidad, cada mes de lista de espera empuja hacia el seguro privado a quien puede pagarlo. Hasta quien defiende la pública acaba contratándolo por una comodidad que esta no siempre ofrece, algo lamentable por la presión que lo provoca y por la renuncia que supone. En los cuidados, la dependencia de un padre se resuelve, demasiadas veces, según el patrimonio de los hijos. No es extraño que la tristeza que mide Ipsos se concentre en los más jóvenes: llegan a la vida adulta cuando casi todo tiene ya precio.

Detrás de todos esos peajes hay una política con nombre, votaciones y leyes. Según los técnicos de Hacienda de Gestha, una pyme tributa por encima del 20 % de su beneficio, mientras que los grandes grupos empresariales rebajan su tipo efectivo hasta el 5-10 o el 12 %. Se priva de recursos a lo común hasta que falla, y el fallo sirve de argumento para quitarle aún más.

El resultado ya se mide. Según el Barómetro Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales, el respaldo a la Hacienda pública ha caído al 79%, su mínimo desde 1997. Entre los jóvenes de 18 a 24 años baja al 65%, y uno de cada tres cree que sin impuestos se viviría mejor. Sin embargo, son también los más dispuestos a pagar impuestos adicionales para ayudar a quien tiene pocos ingresos o no puede acceder a una vivienda. No rechazan el puente; dudan de que vayan a poder cruzarlo.

Los impuestos son el precio de una sociedad civilizada, y también de esas nuevas seguridades que nadie más va a garantizar. Ese precio solo es sostenible si lo pagan primero quienes más tienen: los grupos empresariales que tributan muy por debajo de una pyme, los grandes patrimonios, las herencias que convierten la desigualdad en destino. Como escribió el periodista Claudi Pérez, "sin impuestos, que son el precio de la civilización, no hay libertad; no hay ni leyes, ni instituciones".

Lo común no se destruye de golpe. Se convierte en peaje tramo a tramo, y cada tramo parece razonable por separado. Las encuestas dicen que el puente sigue en pie y que una generación entera aún quiere cruzarlo. Si deja de creer en él, dejará también de sostenerlo con sus impuestos, y nadie habrá tenido que derribarlo. Evitarlo no exige volver a la Europa de posguerra, sino hacer lo que entonces se hizo: extender el Estado de bienestar a las seguridades de este tiempo. Lo que está en juego no es la contabilidad, sino la fidelidad a una promesa de solidaridad: la que una sociedad hizo a quienes vendrían después.