En España, la mitad del electorado puede quedarse con poco más de un tercio del Senado sin que nadie haga trampa. Contra esa aritmética ha nacido el manifiesto 'Senadoras y Senadores por la Democracia', impulsado por profesores, juristas, economistas y profesionales de la cultura, entre ellos el constitucionalista Javier Pérez Royo, la politóloga Cristina Monge y el filósofo Santiago Alba Rico. Su petición es concreta: que las fuerzas progresistas acuerden candidaturas comunes al Senado en las próximas elecciones generales, allí donde esa unión permita que su electorado tenga en la Cámara el peso que ya tiene en las urnas. La iniciativa se dirige a los partidos, pero depende de la ciudadanía, porque solo un respaldo amplio puede convertir una propuesta razonable en una exigencia ineludible. Las razones para sumarse son técnicas, institucionales e históricas.

La primera tiene que ver con una regla electoral poco conocida. En cada provincia de la península se disputan cuatro escaños, pero la papeleta solo admite tres cruces. El resultado habitual es que la candidatura más votada obtiene tres escaños y la segunda, uno, mientras las demás quedan sin representación por muchos votos que reúnan. Cuando el electorado progresista reparte su apoyo entre varias siglas, ninguna suele alcanzar la primera posición, aunque juntas superen a su adversario. El demógrafo y economista Juan Antonio Fernández Cordón ha cuantificado ese efecto en las elecciones de 2023: con un reparto de votos casi idéntico entre ambos bloques, el conservador logró 127 senadores elegidos en las urnas y el progresista, 81. La diferencia no la decidió el electorado, sino la forma de presentarse ante él.

En Castilla y León el efecto se aprecia con especial nitidez. En 2023, el PP obtuvo en la comunidad el 43,4 % de los votos al Senado y se llevó 27 de los 36 senadores; el PSOE, con el 32,9 %, obtuvo nueve. Tres de cada cuatro escaños con menos de la mitad de los votos.

 La segunda razón es institucional. El Senado elige a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, el órgano que interpreta la Constitución y ampara los derechos fundamentales, y a diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, que gobierna la carrera judicial y decide los nombramientos en los altos tribunales. Ambas designaciones exigen tres quintos de la Cámara, precisamente para que esos órganos nazcan del acuerdo entre fuerzas distintas y no de la voluntad de una sola. Esas cuatro plazas del Constitucional siguen pendientes de renovación, y en 2029, cuando venza el mandato del Consejo, la Cámara deberá elegir la mitad de sus vocales. Autoriza, además, la intervención de una comunidad autónoma por la vía del artículo 155, y su concurso es imprescindible para cualquier reforma constitucional. Si un solo bloque alcanzara los tres quintos gracias a la distorsión electoral, la garantía del consenso quedaría reducida a una formalidad.

La experiencia comparada confirma que el riesgo no es abstracto. En Hungría, el Gobierno de Viktor Orbán amplió el Tribunal Constitucional y cambió el sistema de nombramientos en cuanto dispuso de una mayoría reforzada. En Polonia, tras la victoria de Ley y Justicia en 2015, el presidente Andrzej Duda se negó a dar posesión a magistrados constitucionales elegidos legítimamente por el Parlamento anterior. En ambos casos, el control de los órganos de garantía precedió a todo lo demás.

La tercera razón es el momento. Las encuestas de este año anticipan una mayoría conjunta de la derecha y la extrema derecha, y lo que se dirime ya no es una alternancia ordinaria, sino el perímetro de lo público y el alcance de derechos que parecían consolidados: la universalidad de la sanidad y la educación, la protección del trabajo, la igualdad entre mujeres y hombres, la dignidad de las personas migrantes. Un Senado con mayoría reforzada de ese signo no actuaría como contrapeso, sino como multiplicador.

Frente a este escenario, el manifiesto propone una solución de notable economía: no hay que modificar una sola norma, basta con alcanzar acuerdos. Su planteamiento es provincial, no estatal, porque asume la pluralidad de un espacio en el que conviven partidos implantados en todo el país y fuerzas nacionalistas, y busca pactos allí donde una candidatura común pueda ser la más votada. Responde así a una idea de Hans Kelsen, el jurista austriaco que concibió el modelo moderno de justicia constitucional: la democracia parlamentaria vive del compromiso entre fuerzas que conservan su identidad. Nadie renuncia a su programa ni a su candidatura propia al Congreso.

Es, por otra parte, una propuesta realista. Que en el Senado se elija a personas permite que esas listas las encabecen figuras de prestigio en su territorio, capaces de convocar a votantes diversos. Los cálculos de Fernández Cordón sitúan el techo de la propuesta en torno a la mayoría absoluta de la Cámara, y su suelo, en una mejora clara de la situación actual. Y las primeras respuestas de los partidos consultados han sido, en su mayoría y con distinto entusiasmo, abiertas.

A estas razones se suma otra, de orden moral. Amplios sectores sociales, y de manera especial los jóvenes, viven con desconfianza una política que sienten alejada de la vivienda, los salarios o la calidad de los servicios públicos, y esa desafección es el terreno en el que prospera la extrema derecha. Un acuerdo unitario sería una respuesta tangible: la demostración de que la solidaridad, la igualdad y la defensa de lo común pesan más que la competencia entre siglas.

Sumarse no es un gesto simbólico. Las candidaturas al Senado se negocian meses antes de las elecciones, y los partidos solo cederán protagonismo si comprueban que sus votantes lo exigen y que la división tendrá un coste. Esa convicción se construye con la firma de profesionales, docentes, investigadores y estudiantes, pero también con algo más: que difundan el manifiesto en su entorno de trabajo, universitario o asociativo y pregunten a sus representantes provinciales qué piensan hacer. El texto puede leerse y firmarse en https://senadoresporlademocracia.es. Su presentación en Madrid, el pasado 6 de octubre, abrió la fase decisiva. Cada adhesión recordará a los partidos progresistas que su electorado no les pide unanimidad, sino responsabilidad en un momento en que la representación y los derechos se deciden en la misma papeleta.