El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido este miércoles que el proyecto de la nueva estación de trenes debe desarrollarse mediante un plan especial y con la participación del Ayuntamiento, al considerar que así lo exige la legislación cuando las actuaciones superan el ámbito estrictamente ferroviario.

Además, ha anunciado que el Consistorio recurrirá ante la Audiencia Nacional la sentencia que inadmitió el recurso presentado contra las obras, aunque ha precisado que el Ayuntamiento acata la resolución judicial pese a discrepar de su contenido. Según explicó, la impugnación se basará en la cuestión formal señalada por el propio fallo judicial.

Carnero insistió en que el Ayuntamiento no cuestiona la construcción de la nueva estación, sino el procedimiento seguido para su aprobación. En este sentido, recordó que el Consistorio recurrió el proyecto desde el inicio al entender que la Ley del Sector Ferroviario obliga a elaborar un plan especial y a consultar al Ayuntamiento cuando las actuaciones exceden la mera propiedad ferroviaria.

El regidor también lamentó la "falta de voluntad absoluta de diálogo" durante la tramitación del proyecto y aseguró que esta actuación vulnera el principio de autonomía municipal, al no haberse contado con la participación de la administración local. A su juicio, el recurso tiene como único objetivo defender las competencias municipales y los derechos de los vecinos.

"Nosotros no nos oponemos a la estación de trenes; nos oponemos a la falta de diálogo y a que no se haya establecido ese plan que necesariamente tiene que contar con la voluntad del Ayuntamiento", afirmó el alcalde, quien quiso subrayar que esa voluntad corresponde a la institución y no únicamente al equipo de Gobierno.

Asimismo, expresó su deseo de que la Justicia resuelva el procedimiento antes de que finalicen las obras, al considerar que los trabajos avanzan con lentitud y ya están provocando, según sostuvo, "gravísimos trastornos" a los vecinos de Valladolid.

Por último, Carnero rechazó que exista el defecto formal señalado en la sentencia, al asegurar que los informes requeridos fueron presentados, incluso por vía electrónica, y confió en que sea la Audiencia Nacional la que determine finalmente si ese defecto existe o no.