La obligatoriedad de acudir a un Método Adecuado de Solución de Controversias (MASC) antes de presentar una demanda civil o mercantil ha transformado el funcionamiento de la mediación en Valladolid. Desde la entrada en vigor, en abril de 2025, de la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la tasa de éxito de los asuntos gestionados por el Centro de Mediación del Colegio de la Abogacía de Valladolid (CEMICAVA) se ha duplicado, pasando del 33% al 60%, lo que ha permitido evitar dos de cada tres juicios que podrían haber llegado a los tribunales.

La nueva normativa establece como requisito previo a la interposición de una demanda civil o mercantil intentar una solución extrajudicial mediante alguno de los MASC, entre los que se encuentran la mediación, la conciliación, la negociación, el derecho colaborativo, la oferta vinculante confidencial o la opinión de una persona experta independiente.

Según explica la responsable de CEMICAVA, Eva Carrasco, el principal cambio radica en que ahora son las propias partes quienes optan por la mediación antes de acudir a los juzgados. "Antes de la entrada en vigor de la ley, solo atendíamos los casos que el juzgado derivaba al considerar que podían resolverse mediante mediación. Ahora, al ser un requisito para presentar una demanda, son las propias partes las que, entre las distintas opciones, optan por la mediación", señala. A su juicio, "la predisposición de las partes al acuerdo es la variable más potente para alcanzar el éxito".

Carrasco destaca que la intervención temprana favorece la resolución de los conflictos. "Cuando el caso viene derivado del juzgado, ya existe un historial de acusaciones y contestaciones y el conflicto está mucho más enconado. Ahora, al no estar inmersos en un procedimiento judicial, las posiciones no están aún tan alejadas", afirma. Además, considera que el hecho de que la mediación sea un paso obligatorio antes de acudir a los tribunales anima a las partes a aprovechar esta oportunidad para alcanzar un entendimiento.

Más de 375 solicitudes en un año

Desde junio de 2025, cuando el servicio estuvo plenamente adaptado al nuevo marco legal, CEMICAVA ha registrado 375 solicitudes de mediación civil y familiar previas al juicio, con una media de 31 asuntos al mes. Este volumen refleja el impacto directo de la reforma legislativa, que ha desplazado progresivamente las derivaciones judiciales. Durante 2025, el servicio atendió además otras 246 mediaciones remitidas por los juzgados, una cifra que fue disminuyendo hasta desaparecer conforme comenzaron a tramitarse los procedimientos sujetos a la nueva normativa.

Los resultados son especialmente significativos en el ámbito familiar. De los 86 asuntos de familia que han concluido el proceso de mediación durante el último año, 52 terminaron con acuerdo entre las partes, evitando así la presentación de la demanda y la apertura de un procedimiento judicial. En materia civil, seis de los 14 asuntos que completaron la mediación lograron también una solución pactada.

La responsable del servicio recuerda, no obstante, que muchos expedientes siguen en tramitación. "Es un proceso que continuamente recibe peticiones y todavía hay algunos casos que están al inicio del trámite y en los que aún no se ha celebrado la primera sesión informativa de mediación", explica.

Más carga de trabajo para los mediadores

El incremento de la actividad ha obligado al centro a reforzar sus recursos humanos. El número de letrados especializados en mediación civil, mercantil y familiar ha pasado de 49 a 55 en el último año. Sin embargo, el aumento de profesionales no ha evitado una notable sobrecarga de trabajo.

Cada procedimiento requiere varias sesiones de entre 60 y 90 minutos, además de labores de preparación y seguimiento, lo que ha incrementado considerablemente la dedicación de los mediadores durante los últimos meses.

Preocupación por la financiación

El crecimiento de la demanda también plantea desafíos económicos. El servicio de mediación familiar de CEMICAVA se financia mediante un convenio de la Junta de Castilla y León con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el aumento de expedientes está tensionando los recursos disponibles.

La situación resulta especialmente compleja para las personas con menos recursos económicos. Aunque los MASC son obligatorios antes de presentar una demanda, no todos los gastos asociados están cubiertos por el sistema de Justicia Gratuita. "Hay personas que no pueden ni enviar un burofax, y al abogado de oficio no se le paga esa actuación", advierte Carrasco.

Desde el Colegio de la Abogacía de Valladolid consideran que los resultados obtenidos evidencian la eficacia de la mediación para reducir la litigiosidad y agilizar la resolución de conflictos, aunque subrayan la necesidad de garantizar una financiación suficiente para sostener un servicio cuya demanda continúa creciendo.