La comunidad de propietarios de la urbanización Arroyovereda, en Arroyo de la Encomienda, ha vuelto a alzar la voz para denunciar la situación que sufren los vecinos debido a la reiteración de enganches ilegales de agua y electricidad en varias viviendas ocupadas de forma irregular en la calle Narciso Monturiol.

Según han señalado, durante la jornada de este martes se ha llevado a cabo una nueva actuación para eliminar múltiples conexiones fraudulentas a los suministros básicos, una intervención que, a juicio de los propietarios, evidencia una conducta "reiterada de incumplimiento de la legalidad" que provoca importantes perjuicios económicos y de convivencia al resto de residentes.

Actuaciones repetidas contra conexiones fraudulentas

La comunidad recuerda que esta no es la primera vez que se producen este tipo de actuaciones. En ocasiones anteriores ya fueron desconectadas acometidas ilegales de agua y electricidad en viviendas ocupadas, algunas de ellas de manera reincidente.

Para los vecinos, esta situación supone un "permanente desafío" a las normas de convivencia, seguridad y legalidad, además de generar riesgos para las instalaciones y para las personas que residen en el complejo.

"Profundo hartazgo" entre los propietarios

Los residentes han expresado su "profundo hartazgo" ante una problemática que aseguran arrastrar desde hace tiempo y que afecta directamente a su calidad de vida.

Según denuncian, la ocupación irregular de viviendas ha derivado en el deterioro de las zonas comunes, una mayor sensación de inseguridad, conflictos vecinales, daños en las instalaciones comunitarias y el uso fraudulento de suministros.

"No se trata únicamente de un problema de suministros. Cada enganche ilegal representa un nuevo incumplimiento de la ley, un nuevo riesgo para la seguridad de las personas y de los edificios, y una nueva carga para quienes sí cumplen con sus obligaciones", sostienen desde la comunidad.

Denuncian una dinámica organizada

Los propietarios consideran especialmente preocupante que, tras las sucesivas intervenciones para eliminar las conexiones ilegales, estas vuelvan a reproducirse.

Por ello, alertan de la posible existencia de una dinámica organizada de ocupación y aprovechamiento irregular de inmuebles y suministros, una situación que, aseguran, perjudica gravemente tanto a los propietarios de la urbanización como al conjunto del entorno.

Ante estos hechos, la comunidad reclama que se investiguen posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas, al considerar que no es aceptable que los vecinos que respetan la legalidad soporten las consecuencias económicas y sociales derivadas de estas prácticas.

Reclaman medidas estructurales

Aunque agradecen la labor realizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por los técnicos de las empresas suministradoras, los propietarios insisten en que las actuaciones puntuales no son suficientes para resolver el problema.

Por ello, reclaman una solución estructural y definitiva que permita poner fin a una situación que califican de "insostenible" y que, a su juicio, refleja un creciente sentimiento de abandono institucional entre los vecinos afectados.