La urbanización Arroyovereda, en Arroyo de la Encomienda, ha sido escenario este martes de un nuevo operativo contra el fraude en los suministros de agua y electricidad. La actuación, en la que participaron una veintena de agentes de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda y de la Guardia Civil de Valladolid, permitió detectar hasta 20 enganches ilegales en viviendas de la calle Narciso Monturiol, todas ellas propiedad de la Sareb.

La inspección comenzó a primera hora de la mañana tras recibirse denuncias sobre la existencia de acometidas fraudulentas en varios inmuebles. Durante varias horas, técnicos de las empresas suministradoras de agua y electricidad trabajaron en la desconexión de las conexiones ilegales, acompañados en todo momento por las fuerzas de seguridad para garantizar el desarrollo de la intervención y evitar incidentes.

Identificación de moradores e investigación por fraude

Además de proteger a los trabajadores encargados de las inspecciones, los agentes llevaron a cabo la identificación de los ocupantes de las viviendas afectadas y recabaron información sobre una posible defraudación de fluido, delito que ahora se investiga.

Según confirmaron fuentes municipales, los moradores de las viviendas donde se localizaron las conexiones fraudulentas están siendo investigados por la presunta comisión de este delito.

Algunos de ellos residen en inmuebles con contrato de 'alquiler Sareb', una circunstancia que podría tener consecuencias relevantes. Según la propia sociedad estatal, la comisión de un delito puede implicar la rescisión del contrato de arrendamiento y el correspondiente procedimiento de desahucio.

Quince fraudes de agua y cinco de electricidad

La inspección permitió descubrir 15 enganches ilegales de agua, además de otros siete casos de impago reiterado de facturas. En cuanto al suministro eléctrico, los técnicos localizaron cinco conexiones fraudulentas.

La actuación vuelve a poner de relieve un problema que se repite periódicamente en esta urbanización y que ha generado una creciente preocupación entre los propietarios y residentes que sí cumplen con sus obligaciones.

Los vecinos denuncian una situación "insostenible"

Coincidiendo con el operativo, la comunidad de propietarios de Arroyovereda volvió a denunciar públicamente la situación que viven desde hace años debido a la ocupación irregular de viviendas y al uso fraudulento de suministros.

En un comunicado, los propietarios aseguraron que esta nueva intervención demuestra que existe una conducta "reiterada de incumplimiento de la legalidad" que provoca importantes perjuicios económicos, materiales y sociales al resto de vecinos.

Los residentes expresaron además su "profundo hartazgo" ante una problemática que, según afirman, afecta directamente a su calidad de vida.

"Los vecinos legítimos llevan demasiado tiempo soportando las consecuencias de una ocupación irregular que afecta directamente a su vida diaria: deterioro de las zonas comunes, inseguridad, tensión vecinal, daños en instalaciones, uso fraudulento de suministros y una sensación creciente de abandono institucional", señalaron.

Asimismo, advirtieron de que cada nuevo enganche ilegal supone un riesgo añadido para la seguridad de las personas y de los edificios, además de una carga económica para quienes sí pagan sus cuotas y suministros.

Alertan de una posible dinámica organizada

La comunidad considera especialmente preocupante que, tras sucesivas actuaciones para eliminar las conexiones fraudulentas, estas vuelvan a aparecer poco tiempo después.

Por ello, los propietarios denuncian la existencia de una posible "dinámica organizada de ocupación y aprovechamiento irregular de inmuebles y suministros", una situación que, a su juicio, perjudica gravemente tanto a los vecinos de la urbanización como al conjunto del entorno.

Ante estos hechos, solicitan que se investiguen posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas derivadas de las ocupaciones y de los fraudes detectados.

"No es aceptable que quienes respetan la ley sean quienes soporten las consecuencias económicas, sociales y personales de quienes la incumplen de forma reiterada", sostienen.

Reclaman una solución definitiva

Aunque agradecen la labor desarrollada por la Guardia Civil, la Policía Local y los técnicos de las empresas suministradoras, los propietarios insisten en que las intervenciones puntuales no son suficientes para resolver el problema.

Por ello, reclaman una actuación coordinada de las administraciones y una solución estructural que permita poner fin a una situación que califican de "insostenible", marcada por la repetición de ocupaciones, fraudes en los suministros y una creciente sensación de abandono entre los vecinos que residen legalmente en la urbanización.