Varios asistentes funerarios de aseguradoras como Santa Lucía y Mapfre han defendido este lunes la actuación del Grupo El Salvador durante su declaración en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid por el denominado ‘caso ataúdes’.

Los testigos, propuestos por la defensa, aseguraron que a las familias con póliza siempre se les ofrecía tanto la posibilidad de elegir funeraria como la opción de presenciar la incineración, aunque, según precisaron, la mayoría optaba por no hacerlo.

Sin quejas relevantes

Además, coincidieron en señalar que, más allá de "pequeños detalles", nunca recibieron quejas relevantes por los servicios prestados por la funeraria. De hecho, apuntaron que las valoraciones recogidas en las encuestas de satisfacción remitidas a los familiares tras el sepelio eran habitualmente altas.

En la misma línea, indicaron que la persona que ejercía como responsable de la empresa era Ignacio Morchón Alonso, a quien se dirigían habitualmente, mientras que el papel de sus hijos en la gestión era, según su versión, secundario.

Declaraciones de proveedores

Durante la jornada también prestaron declaración otros testigos vinculados a la actividad del grupo. Un florista que trabajó en las instalaciones del tanatorio del Camino del Cementerio descartó que se reutilizaran flores, afirmando que todas procedían de proveedores.

Por su parte, el que fuera director comercial de Ataúdes La Fábrica entre 2007 y 2015 señaló que durante ese periodo las ventas de féretros al Grupo El Salvador superaron las 2.000 unidades. Asimismo, un empresario de Pedrajas de San Esteban reconoció haber realizado trabajos de reparación en ataúdes defectuosos procedentes de China, adquiridos por uno de los principales suministradores de la funeraria a un precio de 50 euros por unidad.

Un juicio con elevadas penas solicitadas

El proceso judicial continúa este miércoles con la declaración de agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación. La Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de prisión por un supuesto fraude consistente en el cambiazo de ataúdes por otros de menor coste entre 1995 y 2015.

Entre los principales acusados se encuentran familiares del empresario fallecido Ignacio Morchón Alonso, para los que el Ministerio Público solicita hasta 20 años de cárcel por delitos como organización criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.