El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado íntegramente el recurso presentado por un agente de la Policía Nacional en Valladolid y ha condenado a la Administración General del Estado a indemnizarle con 3.600,05 euros, más intereses, por las lesiones sufridas durante una intervención policial.

La resolución, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, da la razón al recurso impulsado por el sindicato JUPOL, que ha defendido al agente a través de sus servicios jurídicos en la provincia.

Rechaza la tesis de la Administración

La Dirección General de la Policía había denegado la reclamación al considerar que el derecho a indemnización estaba prescrito. Sin embargo, el tribunal rechaza esta interpretación y reconoce el derecho del agente a ser resarcido en aplicación del principio de indemnidad.

La sentencia establece que el plazo de prescripción no comienza en el momento en que se producen las lesiones, sino cuando el afectado tiene constancia de la insolvencia del responsable civil.

En este caso, el tribunal fija ese momento en noviembre de 2023, por lo que la reclamación presentada en marzo de 2024 se encontraba dentro del plazo legal.

Refuerzo de la protección a los agentes

El fallo subraya que la obligación de indemnizar no deriva únicamente de la responsabilidad patrimonial ordinaria, sino de la propia relación de servicio entre el funcionario y la Administración.

Desde JUPOL destacan que la resolución supone un respaldo a la defensa jurídica de los agentes y puede sentar precedente para otros casos similares en los que policías hayan resultado lesionados en acto de servicio. El sindicato ha subrayado que continuará recurriendo a todas las vías legales para garantizar la protección de los agentes ante decisiones administrativas que consideren injustificadas.