Valladolid ha vivido este lunes, 16 de marzo, una jornada emotiva y sobrecogedora en la Audiencia Provincial, en el marco del conocido como 'caso ataúdes', donde se juzga a 23 personas acusadas de retirar ataúdes de difuntos antes de su cremación para ponerlos nuevamente a la venta. Durante la vista, los familiares de los fallecidos compartieron ante el tribunal sus experiencias y describieron la sensación de vulneración de su intimidad y respeto hacia los muertos.

Una de las testigos, cuyo padre falleció en 1999 y fue velado en el tanatorio El Salvador antes de su cremación en el cementerio de Santovenia de Pisuerga, relató que ni ella ni su familia pudieron ver cómo el féretro entraba en el horno crematorio, porque en ese momento se cerraron las cortinas del habitáculo. Al ser preguntada por el fiscal sobre la posibilidad de que la funeraria hubiera cambiado los ataúdes para revenderlos, la mujer no pudo contener su indignación: "No es que roben dinero, es que te roban la dignidad. Que hagan eso con personas que están muertas... y que además hagan fotos", dijo, en referencia a las imágenes de los difuntos aportadas al procedimiento.

De los ocho testigos que declararon en esta sesión, seis coincidieron en que no se les permitió presenciar la cremación de sus familiares. Una pudo ver cómo introducían el féretro, aunque no las llamas, y otra aseguró que pudo permanecer en la sala todo el tiempo que quiso.

Otra testigo, que perdió a sus padres, describió la experiencia como "terrorífica" y subrayó la vulnerabilidad en la que se encontraba cuando confiaba en el personal de la funeraria. Un testigo masculino, visiblemente afectado, relató la angustia que le supuso recordar la cremación de su esposa, a quien había cuidado durante años por una enfermedad terminal. Explicó que, cuando pidió ver cómo se introducía el ataúd, los empleados se pusieron nerviosos, no le dejaron presenciar el proceso y le causaron una experiencia "muy desagradable". Además, recordó que cuando recogió las cenizas, la urna estaba aún caliente, lo que aumentó su desconcierto y dolor.

Otros familiares compartieron sentimientos similares de tristeza, rabia y sensación de falta de respeto. Una mujer narró que su aya falleció en 2012 tras haber pagado 72 años de seguro de decesos, y se mostró frustrada por los problemas que tuvo incluso para que se respetaran sus últimas voluntades, como la colocación de un ataúd sin crucifijo.

El juicio contra los 23 acusados se centra en delitos de constitución y pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La vista continuará este martes, 17 de marzo, con la declaración de más testigos, mientras familiares y víctimas esperan que se haga justicia por lo que consideran un atropello no solo económico, sino moral y humano.