Castilla y León se ha unido a un bloque de comunidades autónomas que ha decidido dar un paso más en el conflicto sobre la gestión del lobo ibérico. Siete gobiernos regionales con competencias directas sobre la especie han acordado presentar una denuncia ante la Comisión Europea por lo que consideran incumplimientos del Gobierno de España de la legislación comunitaria en esta materia.

El acuerdo se cerró en Santander, durante una reunión en la que participaron representantes de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León, territorios especialmente afectados por la presencia del lobo. El encuentro se celebró sin la asistencia del Ministerio para la Transición Ecológica, pese a que había sido invitada la ministra del ramo.

Las comunidades firmantes exigen, entre otras medidas, la convocatoria inmediata de una conferencia sectorial monográfica sobre el lobo, el envío urgente a Bruselas del informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie (2019-2024) y la transferencia de los fondos comprometidos para compensar daños y aplicar medidas preventivas en el medio rural.

Según denunciaron tras la reunión, el informe debía haberse remitido a la Comisión Europea antes del 31 de julio de 2025, algo que, aseguran, no se ha producido, pese a que el documento concluye que el estado de conservación del lobo en España es favorable.

Castilla y León alerta del impacto en el medio rural

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, participó en el encuentro junto a responsables autonómicos de otras regiones, en una posición común que subraya el incremento de la presencia del lobo desde su inclusión en el Lespre en 2021 y el aumento "exponencial" de los ataques al ganado.

Desde Castilla y León, una de las comunidades con mayor número de explotaciones de ganadería extensiva, se comparte la preocupación expresada por Cantabria, Galicia y La Rioja, cuyos responsables advirtieron de que la situación actual está poniendo en riesgo la viabilidad del sector.

"Nadie quiere acabar con el lobo, pero su crecimiento está haciendo insostenible la ganadería extensiva", señalaron los representantes autonómicos, defendiendo la necesidad de compatibilizar la conservación de la especie con la actividad ganadera.

El documento consensuado cuenta, además, con el respaldo de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Extremadura, Baleares, así como de Ceuta y Melilla, lo que amplía notablemente el frente común. En cambio, no se han sumado Asturias, Navarra ni Castilla-La Mancha, todas ellas gobernadas por el PSOE.

Las comunidades firmantes valoran de forma positiva los recientes cambios normativos en Europa y la salida del lobo del Lespre, al considerar que permiten aplicar medidas de gestión más flexibles para reducir los conflictos con la ganadería.

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo central, las autonomías han anunciado que presentarán una denuncia formal ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario, tanto por la ausencia del informe obligatorio como por los pagos pendientes para compensar los daños causados por el lobo.