La Junta de Castilla y León cerró los once primeros meses de 2025 con un superávit de 444 millones de euros, lo que equivale al 0,57 % del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Aunque la cifra es inferior a la del mismo periodo del año pasado —cuando el saldo positivo alcanzó los 625 millones—, la Comunidad continúa mostrando una situación financiera más sólida que la media autonómica.

En el conjunto de las comunidades autónomas, el saldo agregado fue también positivo, con una capacidad de financiación de 3.406 millones, equivalente al 0,2 % del PIB nacional. Solo tres regiones cerraron en déficit hasta noviembre: la Comunidad Valenciana (1.844 millones), Murcia (342 millones) y Madrid (199 millones), siendo la valenciana la que presenta el mayor desequilibrio relativo, con un 1,18 % de su PIB.

En el lado contrario se situaron Navarra y Asturias, las comunidades con mejor comportamiento presupuestario en relación con su economía. Navarra alcanzó un superávit del 2,21 % de su PIB (621 millones), mientras que Asturias llegó al 1,38 %, con 438 millones de saldo positivo.

El informe de Hacienda explica que las cuentas autonómicas se vieron impulsadas por un incremento de los ingresos del 3,8 %, que alcanzaron los 248.118 millones de euros. Sin embargo, el gasto creció a mayor ritmo, un 5,7 %, hasta situarse en 244.712 millones, reduciendo así el margen de superávit.

Los ingresos tributarios aumentaron un 7,2 %, hasta los 97.803 millones, destacando el avance de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, que crecieron un 6 %. Las transferencias entre administraciones también jugaron un papel clave, con 129.684 millones, de los cuales 95.349 millones proceden del sistema de financiación estatal.

Sanidad, educación e intereses presionan el gasto

Por el lado del gasto, sobresale el aumento de la remuneración de asalariados, que alcanzó los 97.590 millones (+2,9 %), y de los consumos intermedios, que subieron un 5,9 %. Las subvenciones crecieron un notable 14 %, mientras que los intereses de la deuda aumentaron un 6,5 %, hasta los 7.064 millones.

Especial relevancia tuvo el gasto social en especie, que se incrementó un 4,2 %, impulsado principalmente por el gasto farmacéutico, los conciertos sanitarios y los conciertos educativos. La inversión pública se situó en 17.909 millones de euros hasta noviembre.

En términos consolidados, el déficit de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social se situó en 18.206 millones, el 1,08 % del PIB. Si se descuenta el impacto de la DANA —estimado en 4.502 millones—, el déficit se reduce al 0,81 %, mejorando de forma significativa respecto al 1,7 % registrado en 2024.

La Administración Central concentró el mayor desequilibrio, con un déficit de 30.117 millones, aunque esta cifra supone una mejora del 22,6 % respecto al año anterior. En contraste, la Seguridad Social cerró noviembre con un superávit de 8.505 millones, el 0,5 % del PIB, casi el doble que en el mismo periodo de 2024.