La denominada 'trama eólica', una macrocausa judicial sobre posible corrupción política en la que hay encausados varios exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, arrancará el próximo lunes con la primera de las 50 sesiones previstas en un juicio que prevé alargarse hasta el 28 de enero de 2026 en la Audiencia Provincial de Valladolid.

Con una instrucción plasmada en 11.000 folios y piezas separadas, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León detalló que estas dos primeras jornadas del juicio se analizarán las cuestiones previas planteadas por las partes y dilucidar sobre posibles acuerdos de conformidad de alguno de los acusados.

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid dio en abril de 2023 por concluida la instrucción del caso, en el que figuran diecisiete procesados, y elevó la causa a la Audiencia Provincial vallisoletana, órgano competente para celebrar el juicio.

En marzo de 2021, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid dictó un auto en el que encausó a diecisiete personas por posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal.

El instructor, además, abrió una pieza separada para proseguir con la investigación contra otras dos personas por posible blanqueo de capitales y, en la misma resolución, archivó las diligencias contra dos investigados entonces.

Entre los encausados figuran el exviceconsejero de Economía de Castilla y León, Rafael Delgado, ya condenado por el conocido como caso de corrupción 'Perla Negra' y el exconsejero delegado de ADE Internacional Excal, Alberto Esgueva.

El auto reflejó que en la Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable.

Por este motivo, el Gobierno autonómico decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos, lo que condicionaba a las compañías inversoras y generó supuestas irregularidades en las autorizaciones.

De este empeño se encargó Rafael Delgado, junto con el fallecido exconsejero de Economía y exvicepresidente del Gobierno autonómico, Tomás Villanueva y, en un plan ideado junto con R.B.S., quienes al parecer decidieron exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes, bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, según reflejó la resolución en su día.

Este juicio se desarrollará solo unos meses antes de que Castilla y León celebre sus próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026, lo que previsiblemente convierta este asunto en uno de los argumentos de precampaña y campaña electoral, tal y como han anunciado ya varios partidos de la oposición.