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Las plataformas en defensa de la sanidad pública de Castilla y León exigen la dimisión del consejero
Anuncia una nueva movilización para octubre por el deterioro progresivo del sistema sanitario público, especialmente en Atención Primaria
La Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León ha reclamado este domingo la dimisión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, y ha solicitado la convocatoria urgente de un consejo de salud autonómico que incluya a representantes de las plataformas sociales. Además, han anunciado una gran movilización unitaria para finales de octubre.
En un comunicado, las plataformas han denunciado que, tras años de deterioro significativo del Sistema Sanitario Público, actualmente se está produciendo una progresiva liquidación del mismo, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria. Critican que el actual consejero no ha impulsado mejoras y que, por el contrario, ha intensificado este deterioro, mostrando una actitud poco respetuosa hacia los movimientos sociales que defienden la sanidad pública.
Asimismo, alertan sobre la mercantilización del sistema, evidenciada por el aumento tanto cuantitativo como cualitativo de servicios y diagnósticos derivados a la sanidad privada, que consideran que parasita y acelera el declive del sistema público. También señalan como un problema grave la proliferación de facultades privadas de medicina, a las que se accede más por capacidad económica que por méritos académicos, afectando negativamente el carácter público de la sanidad.
Las plataformas defienden que la sanidad pública sigue siendo la opción más justa y equitativa, sustentada principalmente por el compromiso de sus profesionales y la sociedad, especialmente en zonas rurales, donde una sanidad pública robusta es clave para garantizar la salud de la población.
Por todo ello, en una reunión con la participación de 14 plataformas de toda Castilla y León, han decidido convocar a la ciudadanía a una movilización conjunta a finales de octubre para defender el derecho fundamental a una sanidad pública digna y de calidad.
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