El Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales, iniciando así su tramitación en el Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la inminente aprobación de esta medida, reconociendo que será "la política más difícil de defender" debido al intenso debate previsto en el Parlamento. Díaz destacó que están dialogando con todas las formaciones políticas para asegurar los apoyos necesarios, recordando al Partido Popular que sus propios votantes también desean mejores condiciones laborales.

No obstante, los apoyos parlamentarios no están garantizados, especialmente en el caso de Junts, y el Gobierno deberá negociar intensamente. A esto se suma la presión de los empresarios, que se desmarcaron del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, advirtiendo sobre el impacto en las pymes y reclamando que este tipo de medidas se discutan en el ámbito de la negociación colectiva.

Por otro lado, los sindicatos han puesto la reducción de jornada como principal reivindicación para este Primero de Mayo, presionando a los distintos grupos parlamentarios en sintonía con una creciente demanda social.

Reforma del control horario y desconexión digital

El proyecto de ley incluye además una reforma del control horario para garantizar registros objetivos, fiables, accesibles e interoperables, esenciales para el cumplimiento del tiempo de trabajo. Yolanda Díaz recordó que, al llegar al Gobierno, se realizaban más de seis millones de horas extraordinarias no remuneradas semanalmente, una cifra que ha bajado a 2,5 millones, aunque insiste en que queda camino por recorrer.

También se contempla el derecho a la desconexión digital, asegurando el respeto al descanso y la intimidad de los trabajadores. En caso de incumplimiento en el registro de jornada, se establecerá una infracción por cada trabajador afectado, con multas de entre 1.000 y 10.000 euros para las infracciones graves relacionadas con la seguridad y salud.

Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a las nuevas exigencias de jornada laboral.

Cabe destacar que el anteproyecto de ley ya fue aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros el pasado 4 de febrero y, tras superar distintos trámites, incluido el informe del Consejo Económico y Social (CES), ha llegado al Parlamento. Aunque el CES valoró positivamente su relevancia social, advirtió que el análisis de su impacto económico resulta "insuficientemente fundamentado e incompleto".